Hacienda ha comunicado al sector del automóvil que modificará antes de que finalice el año el actual baremo de emisiones de CO2 que determina el pago del Impuesto sobre Matriculaciones de Vehículos Automóviles. Fuentes del sector declaran que en una reunión mantenida recientemente con responsables de Hacienda se les transmitió tranquilidad ante la entrada en vigor del nuevo sistema que mide las emisiones que servirá para homologar cada modelo que se venda en el mercado comunitario, conocido como WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, en sus siglas en inglés).

Fuentes de Hacienda declaran que, de momento, no hay previsión de modificar el Impuesto de Matriculación, aunque destacan que ante la negociación de la financiación autonómica y local el sistema fiscal podría sufrir modificaciones. A este respecto, las fuentes del sector matizan que en Hacienda se han limitado a dar respuesta a un problema acuciante derivado del cambio de medición de emisiones que determina el pago del Impuesto de Matriculaciones, sin haber entrado en posibles reformas de mayor calado que afecten al automóvil.

Entre los posibles cambios fiscales con efectos sobre el automóvil que se han barajado -ligados a la negociación de la financiación autonómica y local- está la subida del Impuesto de Hidrocarburos, especialmente al diésel, por presiones de Bruselas, cuya recaudación se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas. También se ha planteado transformar el Impuesto de Circulación, de ámbito local, en un tributo más medioambiental, ligando la tarifa al nivel contaminante del vehículo e, incluso, la supresión del Impuesto de Matriculaciones cuya recaudación se dedica a financiar las autonomías.

El nuevo sistema de medición de las emisiones de CO2, el WLTP, que sustituye al actual sistema NEDC, refleja de forma más fidedigna las emisiones que un vehículo lanza a la atmósfera en una conducción real. De hecho, se calcula que puede aumentar las emisiones actualmente homologadas entre un 15% y un 30%. Tras un periodo transitorio de un año en el que conviven el NEDC para la mayoría de vehículos y el WLTP para los modelos de nuevo lanzamiento, el 1 de enero del próximo año se aplicará exclusivamente el resultado de la medición mediante WLTP.

La cifra homologada de emisión del vehículo, que se mide en gramos de CO2 por kilómetro, se utiliza para determinar la tributación en el Impuesto de Matriculación. Desde 2008, hay cinco tramos en función de la emisión: los de menos de 120 g/km de CO2, que están exentos del pago del tributo; los situados entre 121 y 160 gramos, que tributan el 4,75% del precio del vehículo; de 161 a 200 g, con un 9,75% y de más de 200 g que pagan un 14,75%.

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La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 14.792 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal, un 0,6% menos que el ejercicio anterior. Esta cifra incluye las actuaciones directas de Hacienda contra el fraude tributario, la diferencia entre las devoluciones fiscales solicitadas por los contribuyentes y las realmente abonadas por el fisco y las regularizaciones extemporáneas realizadas por empresas y particulares de forma voluntaria y sin que medie un requerimiento de la Agencia Tributaria.

Por actividades directas de control, la Agencia Tributaria recaudó 9.505 millones, un 0,3% menos. Por la minoración de devoluciones, otros 4.715 millones, un 2,7% menos. Por declaraciones extemporáneas, el capítulo más volátil, Hacienda obtuvo 571 millones, un 13,3% más.

El presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, pidió que no se ponga solo el foco en los números y que se reconozca la “meritoria” labor de los funcionarios. Destacó que Hacienda realizó 117.380 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8,3% más. Esta actividad generó una deuda liquidada de 5.378 millones, un 1,3% más. De este importe, el 42% procedió de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Hacienda rechaza la idea de que el fisco se centre en los fraudes de menor cuantía.

En el año 2017, la Agencia Tributaria puso en marcha un plan de control del IVA que consistía en impulsar las actuaciones presenciales destinadas al control in situ en sectores que se consideran de especial riesgo. Se incrementaron los peinados de Hacienda un 35%. Estas inspecciones presenciales deberán dar frutos en años posteriores, sin embargo, Hacienda destaca que ya se ha producido un efecto inducido. Los negocios inspeccionados han incrementado un 10% el importe de sus declaraciones de IVA.

La Agencia Tributaria también ha puesto en marcha programas informáticos que rastrean la red y realizan un uso intensivo de la información a partir del big data en busca de indicios de fraude. Ello permite hallar indicios de planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas o detectar a contribuyentes con símbolos externos de riqueza que no se corresponden con lo declarado. Estas medidas han permitido liquidar una deuda de 332,8 millones.

Durante la presentación de los resultados contra el fraude, Menéndez destacó especialmente la caída de la deuda pendiente de cobro, que asciende a 42.365 millones. El importe se redujo en 3.500 millones en 2017. La Agencia Tributaria destaca que el descenso es una consecuencia del endurecimiento de las normas antifraude, que facilitan adoptar medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, embargar bienes, endurecer los aplazamientos o exigir responsabilidades a terceros distintos del deudor principal.

Hacienda aprobó el año pasado 4.100 medidas cautelares como embargos para evitar vaciamientos patrimoniales. Es decir, la Agencia Tributaria se anticipa para evitar que los contribuyentes con deudas se deshagan de sus bienes.

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El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base “indispensable” de derechos fundamentales que es y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen alimentos básicos, como son el pan o la leche. La electricidad soporta un IVA del 21% y un impuesto especial similar al del alcohol o el tabaco. Este impuesto se situaba en el 18% cuando el Gobierno de mariano Rajoy accedió al poder, y fue el actual ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo subió al 21% encareciendo de manera considerable la factura.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo recuerda que la electricidad es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte de una anciana en Reus en el incendio de su vivienda que iluminaba con velas, manifiesta “las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y las necesidades mejorarlo”.

A su juicio, se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido “un diseño técnicamente defectuoso”, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema “a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan”.

La institución ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro de la UE para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura se esté empleando para sufragar costes “que no tienen relación con la lógica de mercado”.

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La OCDE recomienda a España rebajar más la fiscalidad de las personas con bajos salarios y reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales con “una mayor convergencia” de los costes por despido de unos y otros.

En su informe anual Apuesta por el Crecimiento publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que la desigualdad en España es superior a la media de sus países miembros, por la caída de los ingresos de los segmentos más pobres durante la crisis y por “varios años consecutivos de moderación salarial”.

En cabeza de sus recomendaciones para hacer frente a esa situación, figura la de hacer el sistema tributario más eficaz y progresivo, lo que pasa por reducir “aún más la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos”, tanto los que tienen contratos indefinidos como temporales.

En una línea paralela, se pronuncia por eliminar gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, al impuesto de sociedades, al IVA y a los impuestos medioambientales. Sobre estos últimos, considera que deben incrementarse, entre otros, los que se aplican a los carburantes destinados al transporte por carretera. De forma específica, la fiscalidad del gasóleo debería equipararse a la de la gasolina.

La OCDE reconoce que ha aumentado la eficacia del sistema tributario con la ampliación de la base imponible del impuesto de sociedades, con el ascenso de las tasas sobre el alcohol y el tabaco y con el nuevo sistema electrónico para declarar el IVA para luchar contra el fraude.

Otro de los puntos en los que insisten los autores del informe es en que mejorar el acceso a la formación profesional y universitaria en España y ajustarla a las necesidades del mercado laboral recortaría el elevado desempleo juvenil (el segundo más alto de los países miembros) y aumentaría la productividad.

Para la formación profesional, se trata de continuar su desarrollo y modernización, ampliar los programas de educación dual (con prácticas) y velar por que los empresarios tengan un mayor peso en el diseño de los contenidos. Para la universidad, propone incrementar la especialización y no disminuir las becas hasta que haya otras alternativas de financiación como préstamos reembolsables.

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El Defensor del Pueblo advierte en su ‘Informe anual sobre crisis económica y desigualdad’ de que la fórmula actual de revalorización de las pensiones permite anticipar una ‘cuasi’ congelación de las mismas (al subirse únicamente el mínimo legal del 0,25%) durante años, lo que, una vez recuperada la inflación, provocará el “empobrecimiento constante de todos los pensionistas”.

Esta situación, alerta el Defensor del Pueblo, “podría suscitar dudas” respecto a la previsión constitucional, recogida en el artículo 50 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas “y periódicamente actualizadas”, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que liga su actualización a la evolución financiera de la Seguridad Social, volvió a ser en 2017 motivo de “numerosas quejas” de ciudadanos y asociaciones al Defensor del Pueblo.

De hecho, la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defensores autonómicos de Galicia y Aragón) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

“Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible”, explica.

El Defensor del Pueblo rechazó en su día presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones al entender que fue una opción del legislador, que debe quedarse en el debate político y social, y también porque ya fue recurrida por siete fuerzas políticas con representación en el Parlamento.

Ahora bien, ello no impide que el Defensor del Pueblo advierta de las consecuencias de mantener en el tiempo esta fórmula de revalorización, pues en los primeros años de su aplicación no afectó apenas al poder adquisitivo de los pensionistas, pero a partir de la recuperación de la inflación (en 2017 ya comenzó la tendencia), empobrecerá a los pensionistas. Y ahí, dice, es cuando esta situación podría chocar con el artículo 50 de la Constitución.

Ésta es una de las principales “vulnerabilidades” que aprecia el Defensor del Pueblo en lo tocante a la adecuación de las pensiones, junto a la “modesta” cuantía de las mismas y la existencia de una brecha de género tanto en el acceso a la pensión como con su importe.

Concretamente, el Defensor del Pueblo evidencia que el 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, con una cuantía media que ronda los 925 euros. “Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años”, agrega.

Asimismo, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje de mujeres de entre 60 y 79 años con derecho a una pensión es un 13% inferior al de varones y considera incluso “más preocupante” que la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Asimismo, la brecha en la cuantía media de las pensiones (tanto de jubilación como del total) roza también el 40%.

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El Gobierno se ha propuesto impulsar el desarrollo del sector de los drones en España, una industria aún incipiente, pero con un alto potencial de crecimiento, según explicó el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que presentó el Plan estratégico para el desarrollo del sector civil de estas aeronaves no tripuladas. Unas naves que igual sirven para acciones de salvamento marítimo que para entrega de paquetes, inspección de infraestructuras, control y monitorización de plagas, transporte de personas o para combatir incendios, entre otros muchos usos.

El ejecutivo cree que este sector, “en el que España tiene una posición de liderazgo”, podría multiplicar por 10 el uso de estas aeronaves en los próximos 15 años, de ahí que haya puesto en marcha un plan para que la industria de drones española sea competitiva a nivel mundial. En concreto, el ministro apuntó que el plan contempla pasar de los 4.375 vehículos aéreos no tripulados de uso profesional que existen hoy en España a 51.400 en 2035, lo que generará para esa fecha 11.000 empleos y un volumen de negocio anual de 1.220 millones.

El titular de Fomento aseguró ayer que ante el empuje de vive este sector a nivel global (con casi 700 grandes fabricantes de drones en el mundo), “es el momento de actuar” y subrayó que el plan que ponen en marcha es “pionero en Europa”, además de ser una pieza complementaria al Plan de Innovación presentado por Fomento en noviembre.

De la Serna destacó el carácter “transversal y multidisciplinar” del plan en un sector en el que España, dijo, ocupa ya la tercera posición en Europa tras Francia y Polonia en cuanto a número de operadores. “De los 17.000 que hay en Europa, un 16% son españoles”, destacó el ministro.

Hoy, en España hay 3.000 operadores registrados que desarrollan su labor en actividades como la agricultura, la minería, la obra civil o el mantenimiento de infraestructuras, siendo la fotografía y la filmación las actividades más numerosas desarrolladas. También hay más de 70 entidades destinadas a la formación de pilotos de drones y tres aeródromos especializados (en Barcelona, Lugo y Jaén), que sitúan al país en una “situación ventajosa”.

De la Serna apuntó que España cuenta igualmente con más de 50 empresas dedicadas al diseño y construcción de drones. Aun así, resaltó, “hay mucho camino por hacer”, pues se trata de un sector muy atomizado, pues en España el 70% de las empresas del sector tiene menos de 10 empleados y facturaciones modestas; la mayoría no sobrepasa los 50.000 euros.

El Plan estratégico presentado en Fomento cuenta con cuatro ejes principales, ocho líneas estratégicas y 29 iniciativas concretas. Según De la Serna, los cuatro ejes de desarrollo tienen como objetivo conseguir la implantación de la normativa aprobada el pasado diciembre, así como la elaboración de la normativa europea (actualmente en fase de definición); impulsar el crecimiento de las empresas del sector, a través del impulso del I+D+i del sector; ofrecer información sobre esta industria, y llevar a cabo actuaciones de coordinación entre las diferentes administraciones.

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Señal de alivio generalizado para la economía británica y europea y muy en particular para sectores como el bancario, el asegurador o el aéreo que tienen garantizado una ampliación del plazo, hasta enero de 2021, para la consumación real del brexit. El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el brexit, Michel Barnier, ha asegurado este lunes que Bruselas y Londres han alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición de unos dos años una vez que el Reino Unido abandone la UE.

“Hemos alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición”, señaló Barnier con satisfacción durante una rueda de prensa en Bruselas junto al secretario de Estado británico para el brexit, David Davies. El periodo durará hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Estamos ante un paso decisivo”, ha señalado Barnier tras concluir una ronda de negociaciones que ha calificado como “intensa”. El equipo de Barnier y el de Davies han regateado desde el viernes (16 de marzo) hasta la madrugada de este lunes para pactar un acuerdo de transición “que permitirá a la administración y a las empresas británicas prepararse para el futuro y que también da tiempo a la UE”, según resume Barnier.

El período transitorio, solicitado por la primera ministra británica, Theresa May, permitirá a las empresas seguir operando con total normalidad tras la salida oficial del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Un plazo reclamado con insistencia por las compañías con actividad a ambos lados del canal de la Mancha, que temían verse abocadas a final de este año a una readaptación abrupta si no se logra un pacto sobre el periodo transitorio.

May dijo este lunes que el acuerdo demuestra que con “buena voluntad” de ambas partes “podemos llegar a un acuerdo para el futuro que sea de interés para el Reino Unido y de interés para la Unión Europea”. La primera ministra intenta presentar el acuerdo como una victoria. “Creo que el mensaje que el pueblo puede sacar de esto es que antes de diciembre, la gente cuestionaba si íbamos a tener un acuerdo entonces. Y lo tuvimos. La gente cuestionaba si tendríamos un acuerdo hoy y lo tenemos”, ha señalado May.

Sin embargo, los términos del pacto apuntan a una clara victoria, otra más, de la Unión Europea. Londres ha tenido que comprometerse a reconocer los mismos derechos a los ciudadanos que lleguen a territorio británico durante el período de transición que a los ya residentes antes del 29 de marzo.

El gobierno de May también acepta aplicar sin rechistar la legislación comunitaria durante los 21 meses de transición, incluso la que se apruebe después del 29 de marzo de 2019 sin que Reino Unido pueda opinar ni votar. Más humillante aún parecen las concesiones sobre Irlanda del Norte, porque Londres acepta que ese territorio británico siga dentro del mercado interior europeo mientras no se logre una solución que evite colocar una frontera física con la República de Irlanda (socio de la UE).

A cambio, Reino Unido ha logrado la posibilidad de poder negociar acuerdos comerciales con terceros países durante el período de transición, una demanda de Londres para empezar a recolocarse en la escena comercial global. El presidente de EE UU, Donald Trump, ofreció el año pasado a Londres una rápida negociación para un acuerdo bilateral.

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La primera gran reunión del G-20 de 2018 está marcada por la tensión entre EE UU, China y la UE por el riesgo de guerra comercial ante la decisión de Donald Trump de establecer aranceles del 25% y 10% sobre el acero y aluminio. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se enfrentó en Buenos Aires a la unidad de prácticamente todos los demás miembros que presionaban para que EE UU no apruebe estos aranceles. Varios países intentaban incluir un mensaje contra las políticas unilaterales que frenan el crecimiento.

Al término del primer día de sesiones, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que habló directamente con el secretario del Tesoro de los EEUU, Steve Mnuchin, sobre el asunto para explicarle que, si bien reconocen que hay un “exceso de capacidad de acero en el mercado”, la solución “no es introducir cualquier medida unilateral ni una guerra comercial” con Europa. “Se lo dije bien claro a Mnuchin: esperamos que la Unión Europea sea totalmente exceptuada de estas nuevas tarifas americanas para el acero y el aluminio. Europa no es el origen del problema”, dijo el ministro francés, en una referencia a la industria subvencionada de China, pero sin nombrarla.

El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, trató como anfitrión de centrar la agenda en otros temas de fondo menos polémicos, pero también se reunió con Mnuchin para pedirle que deje a Argentina fuera de esas tarifas, mostrando así su inquietud. La misma inquietud que manifestó su par de Alemania, Olaf Scholz. “Debemos procurar que el proteccionismo no determine el escenario mundial, sino que lo continúen haciendo los mercados abiertos”, dijo.

Al final del día ya no quedaban dudas de que el tema comercial se había llevado toda la atención. “Se habló sobre el riesgo de una guerra comercial y las consecuencias negativas que tendrá para el actual clima de crecimiento económico global”, dijo el jefe del Bundesbank alemán, Jens Weidmann. “Está claro que una escalada de este tipo al final sólo traerá perdedores. Por eso, la posición mayoritaria fue que los conflictos sean resueltos de acuerdo al sistema de comercio basado en las reglas vigentes”, agregó Weidmann.

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Los procedimientos judiciales no son ajenos a la colonización que las nuevas tecnologías han hecho de todos los ámbitos de la vida personal y laboral. En consecuencia, los juzgados han tenido que adaptarse a tratar con pruebas cuyo contenido son comunicaciones realizadas a través de redes sociales y sistemas de mensajería instantánea y que, en muchos casos, son determinantes para resolver un litigio en un sentido o en otro.

De entre todas las aplicaciones que canalizan las nuevas formas de comunicarse, Whatsapp es la más empleada por los españoles. Nueve de cada diez usuarios la tienen instalada en el móvil y, de los mismos, la práctica totalidad la usan a diario, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. En este contexto, resulta fundamental que los abogados sepan cómo aportar al procedimiento los comentarios, archivos o fotografías enviados por Whatsapp y que pueden constituir una prueba esencial para la pretensión de su cliente, de tal manera que el juez o tribunal le otorguen validez y no pueda ser impugnada eficazmente por la contraparte.

Una de las jurisdicciones en la que las comunicaciones a través de redes sociales y otras apps han incrementado exponencialmente su presencia es la laboral. Ya no resulta extraño que los juzgados deban pronunciarse sobre un despido comunicado a través del móvil o una sanción disciplinaria por los mensajes vertidos en Facebook o Instagram.

En los procedimientos, las comunicaciones realizadas por Whatsapp topan con dos causas de impugnación: la licitud de la obtención del contenido de la conversación y el cuestionamiento de la autenticidad e integridad de la misma.

El artículo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social advierte de que no serán admitidas las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan una violación de derechos fundamentales. “En estos casos, el alegato estrella de los demandantes, es que la empresa ha obtenido la prueba violando el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones; sin embargo, existen muchas sentencias que han descartado la vulneración en procedimientos en los que se han utilizado capturas de Whatsapp”, explica Vidal, que el 22 de marzo imparte en ESADE una ponencia sobre cómo aportar los mensajes vertidos en redes sociales y apps en el proceso laboral.

En efecto, son múltiples las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) que avalan esta postura. El TSJ de La Rioja, en una sentencia del 22 de enero de 2016, determinó que la entrega de los Whatsapp a la empresa por un compañero de trabajo receptor de éstos, no vulnera el secreto de las comunicaciones. Y, en la misma línea, el TSJ de Cataluña validó el despido disciplinario de la directora de una guardería por sus burlas contra un niño en un grupo que compartía con varias empleadas, después de que una de ellas entregara a la empresa la transcripción literal de la conversación.

El TSJ andaluz, en una resolución del 22 de noviembre de 2017, recoge la posición de todas ellas al aseverar que “la difusión a terceros por parte de una de las partícipes en el chat de Whatsapp del contenido de los mensajes, no vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Y es que, de acuerdo con la doctrina constitucional, no hay secreto para aquel a quien se dirige la comunicación.

En relación a la validez de la prueba, Vidal advierte de que “lo normal es que se entienda que la mera captura de pantalla no es suficiente y se requieran medios de prueba instrumentales o adicionales para acreditar su integridad y autenticidad”.

En este sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia de 19 de marzo de 2015 (de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena) subrayó que la prueba de una comunicación bidireccional mediante un sistema de mensajería instantánea debe ser abordada “con todas las cautelas” dada la “posibilidad de manipulación de los archivos digitales”. Así, “será indispensable”, en caso de impugnación de la autenticidad de la conversación, “la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la integridad de los interlocutores y la integridad de su contenido”.

Según apunta Vidal, es “recomendable” que, quien aporte esos pantallazos, acuda a juicio con medios que prueben su autenticidad, aunque éstos no se circunscriben únicamente a la prueba pericial, pudiendo servirse también, por ejemplo, de la testifical de alguno de los interlocutores.

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Las Big Four consolidan la tendencia alcista de los últimos años y logran, por primera vez, romper la barrera de los 2.000 millones. Deloitte, PwC, EY y KPMG, las cuatro grandes firmas de servicios profesionales, ingresaron en España 2.088 millones de euros en 2017, lo que representan un 7% más respecto a los datos del pasado año, que incluye los datos de 38 empresas del sector.

Los servicios de auditoría siguen siendo el negocio central de las Big Four. Con 840 millones de euros de ingresos, un 40% del total, esta división creció un 4,51% en 2017 pese a seguir cediendo terrenos a otras áreas como consultoría, que pesa ya casi un 33% de los ingresos de estas compañías, con una facturación total de casi 680 millones (+10,4%).

Además, estas firmas lograron unos ingresos conjuntos en la práctica de legal y tributario de más de 448 millones, un 4,32% más, y representa casi el 22% del negocio. La buena tracción de la economía y el interés del tejido empresarial por buscar oportunidades de negocio e invertir se perfilan como los grandes puntales de crecimiento de estas compañías. Así, la división de asesoramiento financiero de las dos sociedades -Deloitte y EY-, que desglosan esta área, creció un 17%, hasta los 120 millones de euros.

Las Big Four también siguen apostando por la tecnología y ponen el foco en soluciones como big data y ciberseguridad para ganar valor a la hora de ofrecer servicios diferenciales y adaptados a los retos futuros de sus clientes. Por compañías, el primer puesto del podio lo ocupa una vez más Deloitte, que creció un 9,3% en pasado año, hasta los 696 millones de euros, pese a reducir un 2,2% sus ingresos en el área de auditoría, que experimenta la segunda caída anual consecutiva impactada una vez más por la pérdida de cuentas de grandes empresas, tras la entrada en vigor, en junio de 2016, de la Ley de Auditoría.

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El error por parte de la Administración en el domicilio al que notifica la resolución no impide que se tenga por válidamente finalizado el procedimiento. En consecuencia, el interesado no puede alegar dicho error para justificar la caducidad del proceso. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de marzo (acceda al texto aquí), en la que confirma la validez de una decisión de la Dirección General de Industria que reclamaba el reintegro de una subvención a una empresa, pero que fue dirigida a una dirección distinta a la que la compañía había comunicado como domicilio a efectos de notificación.

La empresa había argumentado que el fallo impedía tener por producida la comunicación y, en consecuencia, el procedimiento había caducado. Según el alto tribunal, el intento de notificación debidamente acreditado y que contenga íntegramente el texto del acto, realizado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, sirve para entender que la Administración ha resuelto con validez dentro del margen que le da la ley. Es decir, aunque exista error por parte del organismo público, el proceso se da por concluido y el administrado no puede alegar la caducidad del mismo.

La resolución unifica una materia en la que existían pronunciamientos contradictorios. Así, en dos sentencias de 17 de noviembre de 2013 y de 3 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo había resuelto que, una vez designado un domicilio a efecto de notificaciones, solo la comunicación realizada servía para que se considerara válida y operativa a efectos de interrumpir la caducidad.

En cambio, en esta sentencia se opta por considerar que “lo relevante es la acreditación de que se ha llevado a cabo un intento de notificación”, puesto que ese acto “proporciona ya la certeza acerca de que la resolución ha sido dictada dentro de un plazo concreto”.

Para entender que el intento de notificación sea adecuado, este deberá ser “regular” y debe recoger las “exigencias legales” sobre el lugar, el día y la hora. No será válida, en cambio, la tentativa en una dirección que sea “manifiestamente regular o errónea”. Una valoración, no obstante, que tendrá un componente “enormemente casuístico”, apunta.

La sentencia, no obstante, subraya que estas “mínimas” exigencias de la notificación (que esté debidamente acreditada y que contenga el texto del acto) solo sirven para que se produzca el “restringido efecto” de “tener por dictada la resolución dentro del plazo que corresponda”, y no otros.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el periodo de tarifa plana para autónomos se duplicará -un año más, hasta dos-, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y ha prometido también un programa que elimine las trabas a los emprendedores de los pueblos pequeños.

Rajoy ha hecho estos anuncios en la convención del PP sobre el reto demográfico y el medio rural, en el que se ha referido también al plan para promover el empleo en las zonas rurales y despobladas, de cien millones de euros -que ya recogen los presupuestos- y que según fuentes del Ejecutivo la semana que viene aprueba el Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado en este acto el compromiso del Gobierno para luchar contra la despoblación y ha reprochado a los partidos que “ahora se apuntan” a hablar del rural, cuando “no les ha importado nunca”.

Rajoy ha asegurado que desde el Gobierno se va a luchar contra la despoblación porque es un compromiso de su partido y además una obligación como país, y responde al principio de igualdad de derechos y oportunidades para los españoles, vivan donde vivan.

Ha apostado por concentrar todos los esfuerzos en la garantía de los servicios públicos y en la promoción del empleo en la zona, porque es “la mejor forma de fijar y atraer población”. Además, ha señalado que, en el nuevo modelo de financiación autonómica, para el que espera contar con el apoyo del PSOE, se van a tener en cuenta las variables demográficas.

Porque “no es lo mismo”, ha dicho, prestar servicios como sanidad y educación a 50.000 personas que viven en el mismo municipio que a la misma cantidad de ciudadanos que habitan en distintos núcleos de población y alejados unos de otros. En su discurso, Rajoy ha asegurado que su Gobierno no piensa resignarse a la desaparición de pueblos.

Ha criticado a quienes ahora “se apuntan” a defender el rural cuando “no les ha importado nunca” y sin citar a Ciudadanos de forma explícita ha recordado a quienes apostaban por suprimir hasta el 84 % de los ayuntamientos, todos los de menos de 5.000 habitantes. “Eso sí que es visión de la jugada y conocimiento de la realidad”, ha ironizado.

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La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno convocará dos líneas de ayudas dotadas con 224 millones para fomentar el “empleo juvenil” y proyectos de “integración sociolaboral” en el medio rural y así “fijar población”, medidas que se enmarcan en el compromiso del Ejecutivo central con un “reto demográfico” que “ya forma parte de la Agenda Nacional de España”.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la Convención Sectorial sobre Medio Rural y Reto Demográfico que el PP está celebrando en Zamora. Un foro en el que la ‘número dos’ del Partido Popular ha puesto en evidencia a los políticos del “hay que” frente a los “que hacen” y, ante el problema de la despoblación, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el único que “hace” es el Partido Popular.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha incidido que este reto no es un problema solo de una Comunidad, lo es también del país al asegurar que el 84 por ciento de los Ayuntamientos de España tiene menos de 5.000 habitantes, y en 20 provincias del país en el 90 por ciento los municipios “no llegan ni de lejos” a esa cifra. Un mapa que encabeza “Zamora y Soria”

Además, ha insistido en que en lo que se lleva de milenio se ha perdido población en un 71 por ciento de esos ayuntamientos, que ha cifrado en 625.000 personas, cuando hace unos años, ha lamentado, la población crecía, por lo que entiende que el demográfico, junto con el empleo, la sostenibilidad del estado de Bienestar y el tecnológico son los “grandes retos de España”.

No obstante, Sáenz de Santamaría ha ido más allá al creer que no se trata solo de un problema de España, sino que también afecta a la Unión Europea, de ahí que haya exigido “esfuerzo” como el que desempeña el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para llevar esta “sensibilidad” al “corazón de la Unión Europea” por lo que ha reclamado que forme parte de los “objetivos y la inspiración” del marco financiero plurianual, del marco financiero de los próximos presupuestos de la UE formando parte de lo que son las políticas “más importantes” para el núcleo rural como son la PAC y la política de cohesión.

De ahí, que haya insistido en que este es un problema de “todos”, que necesita políticas “transversales” y que por eso el Partido Popular ha puesto en marcha un “Comisionado” que aborde estos retos porque el Gobierno lo que quiere, “al contrario que otros que quieren hacer desaparecer los pequeños municipios”, es que los pueblos, las diputaciones, las Comunidades, Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea hagan una estrategia “frente al reto demográfico”.

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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte de que el consumo en el comercio minorista, en los que se posee solo un único punto de venta, ha caído en lo que va de año un 0,4% y todo apunta a que la tendencia no mejorará conforme pasen los meses.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos alerta de que las políticas adoptadas en los últimos años por las comunidades autónomas no han contribuido a hacer mejorar la situación de los comercios locales. Subrayan que las administraciones con competencias en comercio interior “están poniendo en peligro la estructura comercial tradicional” en España.

Estos datos contrastan con los de las grandes superficies, pequeñas y grandes cadenas, que crecen en ventas un 2,2%, 2,7% y 4,3%, respectivamente. La situación es más peliaguda si se pone de manifiesto que peligran más de ochocientos mil puestos de trabajo de empleados por cuenta propia. Esa cifra es la de trabajadores que actualmente desarrollan su actividad ligada al pequeño comercio local.

Aparte, la irrupción de los comercios gestionados de manera electrónica tampoco ha ayudado a que mejoren las cifras de ventas en los comercios locales. Solo en el año 2017, el modelo de negocio de las e-commerce facturó más de 25.000 millones de euros. Dicha cifra hace pensar, según UPTA, que estos modelos de negocio absorberán el 2,2% del crecimiento estimado por el Banco de España.

Desde UPTA no ven visas de mejora. El presidente del colectivo, Eduardo Abad, ha manifestado que lo “dramático” de la situación es que “no se atisba ningún movimiento que permita contrarrestar esta situación”. Considera que por ese motivo es “urgente” que se adopten medidas para revertir los datos negativos del comercio local. Entre las medidas que propone destaca la formación especializada al colectivo del comercio minorista.

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El Gobierno estima que la presión fiscal, medida por el peso de los ingresos tributarios recaudados por el Estado en relación al PIB, se situará en 2018 en el 38,3%, lo que supondría un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al 37,9% de 2017. Así se desprende de las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública en su estrategia de política fiscal, actualizada tras la presentación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

De esta forma, la previsión del Gobierno sitúa la presión fiscal de 2018 en un nivel dos décimas inferiores al de 2015 (38,5%), cuando entró en vigor la reforma tributaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, según Hacienda, lleva un impacto acumulado del 0,7% de crecimiento del PIB respecto a 2014. Según los cálculos del Gobierno, dicha reforma lleva un impacto acumulado de 12.309 millones de euros menos en la recaudación. En concreto, 9.300 millones de euros menos en IRPF (4.813 en 2015 y 4.487 en 2016) y 3.009 millones de euros menos en Impuesto de Sociedades (1.089 en 2015 y 1.920 en 2016). En consecuencia, de 2014 a 2015 la presión fiscal bajó en cuatro décimas, pasando de 38,9% a 38,5%, y se redujo otras ocho décimas en 2016 (37,7%).

La presión fiscal prevista para 2018, estimada según el Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas en octubre de 2017, podría variar en caso de que se aprueben los PGE de 2018, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. En concreto, el proyecto del Ejecutivo contempla medidas como elevar el umbral de tributación del IRPF de los 12.000 a los 14.000 euros brutos, además de incrementar la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida, según estimaciones del Gobierno, beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un millón de pensionistas.

Por otro lado, también contempla la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción por familia numerosa, que se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido. El importe estimado de los beneficios fiscales para 2018 asciende a un total de 34.825 millones de euros, produciéndose un incremento en términos absolutos de 2.957 millones de euros y una variación relativa del 9,3% respecto al ejercicio precedente.

El volumen de beneficios fiscales para el año 2018 se cifra para el IRPF en 7.846 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7%. Dentro del IRPF, los principales beneficios fiscales son los correspondientes a la reducción por tributación conjunta (1.117 millones), deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo (1.102 millones) y deducción por inversión en vivienda habitual (1.035 millones). En el Impuesto de Sociedades, la magnitud de los beneficios fiscales se sitúa en 3.453 millones de euros, lo que representa un alza del 62,3%.

Por su parte, la aportación de los incentivos en el IVA se cifra en 20.514 millones de euros, un 8,3% más. Los datos muestran también que los beneficios fiscales de los impuestos especiales se estiman para este año en 961 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 6,7% respecto al presupuesto precedente.

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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que los sindicatos “no vamos cada año a perder el tiempo” si no se firma el pacto salarial con las organizaciones empresariales y avisó de que “si no hay avances, si no hay movimientos, hay movilización”. En una entrevista, el líder del sindicato aclaró que el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que lleva más de un año sin renovarse, no está “muerto” y “no lo vamos a dejar morir”.

“Lo que ha ocurrido el año pasado no va a ocurrir este año”, dijo Álvarez, en referencia al fracaso de las negociaciones para acordar un nuevo AENC. En este sentido, agregó que las centrales “no vamos cada año a perder el tiempo, desprestigiarnos”, y si no se firma el pacto salarial “va a haber una respuesta y vamos a ver de qué manera la situamos”. “Vamos a tener que empezar a trabajar este tema” para que “la CEOE deje de echar balones fuera y entre en materia”, dijo.

Los sindicatos han propuesto una subida generalizada de los salarios de al menos el 3,1% y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales, mientras que CEOE y Cepyme ofrecen una subida fija del 1,2% al 2%, más una parte variable de al menos el 0,5%. Álvarez defendió que el acuerdo de negociación colectiva tiene un “impacto muy importante” para los colectivos más desprotegidos y los sectores donde la acción sindical es “mucho más difícil”, y aclaró que “no es un acuerdo para las grandes empresas fundamentalmente” ni para los sectores más sindicalizados.

En esta línea, el responsable de UGT vio “muy bien” y “muy oportuno” que el Gobierno llame a la CEOE a negociar con los sindicatos el pacto salarial. A su juicio, “cada día vemos que es más útil el AENC”. Preguntado sobre si las elecciones para renovar la cúpula de CEOE que se aproximan afectan al cierre de este acuerdo, Álvarez se limitó a decir que no observa que en el seno de la patronal española haya una “alternativa” en el planteamiento salarial ya conocido.

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La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde miles de personas —8.000, según la delegación del Gobierno— han reclamado que las pensiones garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que actualmente son “parciales e insuficientes”. Las protestas se han celebrado por toda la geografía española.

En respuesta a las concentraciones, desde Gádor, un municipio de apenas 3.000 habitantes de la provincia de Almería, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno piensa “siempre en los jubilados” y ha afirmado que mientras otros congelaban las pensiones el Ejecutivo popular ha sacado al país de la crisis. Montserrat ha destacado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge un crecimiento del 3% para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad y las no contributivas.

Durante su participación en un mitin en Pamplona, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el sistema público de pensiones “sobrevivirá al PP”: “Tiene futuro, puede ver equilibradas sus cuentas y aumentadas las pensiones en el IPC porque el PSOE las va a blindar en la Constitución”, ha dicho.

En Madrid la manifestación transcurrió entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la popular Puerta del Sol, donde representantes de los UGT y CC OO han leído un manifiesto. En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que se derogue la reforma de las pensiones con el fin de que las prestaciones bajen para los “futuros pensionistas”, al tiempo que ha abogado por la “negociación” con el Gobierno. Ha recalcado que en España se inició una “campaña de desprestigio” del sistema público incidiendo en su “insostenibilidad y en la necesidad de que hay que sustituir parte de su cobertura con planes de pensiones privados”.

Álvarez ha confiado en que las pensiones se revisarán por encima del 0,25%, “sin atajos y de manera justa”, porque la sociedad lo está exigiendo y porque las pensiones más bajas “tienen que recuperar poder adquisitivo”. Según datos de la Policía Nacional, en Gijón han salido a la calle 10.000 personas, mientras que en Santander han participado en la protesta unas 7.000 personas, según los convocantes.

En Castilla y León también han sido miles las personas que han salido a la calle para protestar, principalmente en ciudades como Valladolid, León o Ponferrada, con más de 2.000 manifestantes en cada una. En los actos reivindicativos organizados en Castilla-La Mancha, con Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca a la cabeza, han participado más de 8.000 personas, según los sindicatos, una cifra que la Delegación del Gobierno ha rebajado a 2.800 personas.

Las movilizaciones se han repetido en Pamplona, Comunidad Valenciana —Valencia, Alicante, Castellón y Elche—, Badajoz y Galicia, donde ha tomado el centro de las principales ciudades, encabezadas por Santiago de Compostela y Vigo, así como en poblaciones de menor tamaño.

En Palma de Mallorca, unas 400 personas han marchado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Cort y entre los participantes se encontraba el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela.

Las movilizaciones de este domingo se suman a las celebradas el sábado en ciudades como Barcelona, donde según la Guardia Urbana participaron unas 2.000 personas; Zaragoza, con varios centenares de jubilados movilizados; o Ciudad Real, con medio millar de participantes. El viernes, decenas de jubilados se manifestaron en el centro de Sevilla bajo la lluvia para reivindicar la derogación de la última reforma de las pensiones y exigir que estas prestaciones se actualicen según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

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La implantación del sistema de supervisión continua se realizará de forma progresiva atendiendo a la adaptación de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Están sometidas a esta supervisión las entidades integrantes del sector público institucional estatal, como es el caso de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas.

Las actuaciones de supervisión continua de carácter automatizado se realizarán, al menos con periodicidad anual, sobre todas las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación, siempre que exista información suficiente para el cumplimiento de los fines de la supervisión continua o, en su defecto, sobre las entidades que determine el director de la Oficina Nacional de Auditoría, y sus resultados se plasmarán en la memoria prevista en el artículo 14.2 de la presente disposición.

Este control se llevará a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría. No obstante, en función de los medios disponibles, se podrá asignar la ejecución de los trabajos a las intervenciones delegadas en los departamentos ministeriales, entidades u órganos de vinculación, dependencia, tutela, o adscripción, a las intervenciones regionales y territoriales y, en el ámbito de sus competencias, a la Intervención General de la Defensa y la Intervención General de la Seguridad Social.

Esta medida, derivada de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), pretende comprobar si las entidades incurren en las causas previstas para su resolución, según el texto publicado el pasado martes el BOE.

Se entiende por actuaciones de supervisión continua el conjunto de verificaciones y análisis, preferentemente automatizados, realizados con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos del sistema de supervisión continua, así como las actuaciones de control concretas que, con la misma finalidad, se acuerden realizar en el control financiero permanente o de la auditoría pública previstos en la Ley General Presupuestaria.

Esta Ley establece dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector público estatal. Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la Ley y, por otra parte, un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad.

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Los consumidores deben dirigirse antes al servicio de atención a clientes de las entidades, que registran ya más de un millón de quejas al año. Ante su deficiente funcionamiento, que el supervisor viene criticando en los últimos años al certificar que ha empeorado durante la crisis, el Banco de España ha decido distribuir a las entidades un protocolo de mejora del servicio de atención a clientes en el que insta al sector a ofrecer respuestas más ágiles, sencillas y ajustadas a las resoluciones judiciales.

Las recomendaciones del supervisor están basadas en una inspección de los servicios de atención a clientes de 226 entidades financieras incluyendo 24 actuaciones específicas de supervisión en los bancos de mayor tamaño “encaminadas a valorar pormenorizadamente y, en su caso, corregir las deficiencias detectadas en el funcionamiento” de estos departamentos.

Como resultado, el Banco de España ha remitido a la banca una serie de pautas de mejora en tres ámbitos: la configuración y medios con que deben contar estas áreas; los criterios para tramitar y resolver las reclamaciones; y los mecanismos de seguimiento y control.

En el primer campo, el supervisor insta a la banca a mejorar la independencia de los departamentos de atención al cliente, que solo deben colgar de las áreas de control del banco y nunca de las líneas de negocio de la entidad. El objetivo es evitar conflictos de interés, lo que también pide aplicar al seleccionar al responsable del departamento, que debe ser un profesional con experiencia y demostrada honorabilidad que no prime los objetivos comerciales de la entidad sobre los posibles abusos detectados. Del mismo modo, la remuneración del personal no debe incluir incentivos perversos (como primas por negar la razón al cliente). En su lugar, debe ligarse a objetivos positivos como la reducción del número de quejas o el grado de satisfacción del consumidor.

El Banco de España advierte a las entidades que no pueden externalizar el servicio de atención a clientes, vaciarlo de contenido o restringir sus labores de supervisión. Solo en el caso de corporaciones financieras que agrupen varias entidades podrá unificarse el servicio en un único departamento, aunque el supervisor ve más adecuado contar con uno propio en cada firma.

El documento remitido a las entidades pone el foco en la necesidad de dotar de recursos adecuados a estos departamentos para que tengan fácil acceso a la información a consultar y personal experimentado. Los trabajadores deberán ser formados en “la normativa aplicable, en general”, “las normas de transparencia, en particular” así como en los criterios de buenas prácticas del sector y en los fallos que aporte “el panorama jurisprudencial”, a fin de aplicarlos en sus decisiones.

No obstante, el Banco de España considera necesario que el reglamento de quejas esté disponible en todas las oficinas de cada entidad y anima a ofrecer una “resolución directa” ya desde las sucursales. Más allá, las entidades deberán ofrecer la posibilidad de reclamar al menos por correo electrónico, pero ofrecer cuantos más medios adicionales mejor.

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Este colectivo remitió a la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso el esperado dictamen sobre las nuevas fórmulas de contratación de personal externo tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo (BCE) para llevar a cabo tareas de inspección.

La entrega de este dictamen, realizado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Izquierdo Carrasco, se produjo horas antes de que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, acudiera por segunda vez a esta comisión el pasado 1 de abril.

Linde no tuvo más remedio que volver a hablar de los enfrentamientos entre la dirección del Banco de España y los inspectores. Aseguró que la “pelea” con la Asociación de Inspectores era “un tema muy doloroso que se arrastra hace años”. Tras considerar que no era “oportuno” entrar a “discutir con la asociación desde esta tribuna”, pues creía que “sería para la comisión una pérdida de tiempo” sí salió en defensa de la carta que envió en marzo a esta comisión, en la que cargaba contra la Asociación de Inspectores del Banco de España y desmentía que hubiese habido presiones sobre los peritos que denunciaron que las cuentas de Bankia estaban falseadas cuando salió a Bolsa.

Este comunicado “es una propuesta unánime” de los consejeros externos a la cual se adhieren los consejeros natos (del Banco de España). “Yo, como gobernador, y el subgobernador apoyamos este comunicado”, explicó.

El 27 de noviembre en este mismo escenario, el secretario de la asociación de inspectores, José Antonio Delgado, indicó que se apartó “de determinadas entidades a los que [en referencia a los inspectores] destapaban irregularidades”. Y aseguró que la caída de Banco Popular fue un aviso “de que algo falla”, para añadir que los supervisores están en manos de la banca.

Más detalle dio Linde con el otro frente que mantiene con la asociación: la modificación en las oposiciones para acceder a una plaza. El gobernador defendió que el actual proceso de selección es “muy cercano” al que se sigue en el BCE. “Creemos que el MUS está aquí para quedarse y todo lo que sea pensar que es posible salirnos o cambiarles las normas a los demás son fantasías”, recordó antes de calificar de “grave error” las posturas más críticas.

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