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El empleo creció en febrero con 81.483 nuevos afiliados

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El mercado laboral vuelve a crecer. Tras el habitual parón de enero, en febrero ha regresado a la senda de la recuperación. El mes pasado el empleo, medido con la afiliación a la Seguridad Social, creció con 81.483 ocupados adicionales. Febrero ha registrado una afiliación media de 18.363.514 cotizantes. El paro, por el otro lado, cayó en 6.280 personas, hasta quedar en un volumen total de 3.470.248, según los datos del Ministerio de Empleo.

Con estos datos, se puede observar que en los dos primeros meses de 2018 continúa la inercia de la recuperación. En un solo año la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 615.259 cotizantes, un 3,47% más. El régimen general, el más voluminoso, lo hizo a un ritmo del 4,54%. Ambos se mantienen en torno a ese ritmo, décima arriba o abajo, desde hace más de un año.

Abunda en esta línea el dato desestacionalizado, que elimina de la estadística los altibajos de temporadas turísticas o agrícolas y sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en el mes en 62.006 ya suma 51 meses en positivo.

El crecimiento del empleo el mes pasado prosiguió por el tirón de la educación, que ganó 32.013, la hostelería (21.312) y Construcción (21.015). En cambio, el comercio perdió 16.058 cotizantes.

Por comunidades autónomas, el número de afiliados en febrero aumentó en prácticamente todas, especialmente en Cataluña (24.263), Madrid (14.481 y Baleares (14.034). Desciende únicamente en Castilla-La Mancha (-2.108) y Cantabria (-577). El caso de Asturias es curioso, puesto que prácticamente se mantiene, al descender el número de cotizantes en un solo afiliado.

Una las tónicas que se mantiene es el crecimiento sin cesar de la contratación. En los dos meses que van del año, se han firmado 3,3 millones, un 6,8% más que el año pasado. Este es un claro síntoma de que prosigue la gran rotación en los puestos de trabajo. Es cierto que ese ritmo de crecimiento es menor al del año anterior, pero también lo hace sobre una base más grande (el año pasado se firmaron 21,5 millones de contratos).

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017. En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior. Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

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Bruselas impulsa la creación de cobradores de préstamos morosos

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La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de choque contra la morosidad bancaria que incluye un proyecto de directiva para impulsar la creación de gestores de créditos fallidos, unas empresas muy frecuentes en EE UU que permiten a inversores como los llamados fondos buitres hacerse con la cartera dudosa de los bancos y traspasar su gestión a un tercero.

Bruselas cree que la escasez de ese tipo de empresas en Europa es una de las causas de la lenta limpieza de los balances bancarios, que todavía acumulan 910.000 millones de euros en préstamos fallidos según el segundo informe de evolución de esa cartera publicado también este miércoles.

El plan también incluye una revisión del Reglamento de requisitos de capital para exigir a los bancos la provisión en un plazo de ocho años del 100% de los préstamos fallidos seguros (respaldados con un colateral como la vivienda) que surjan a partir de ahora y en dos años de los préstamos inseguros (sin colateral).

“Ahora que su economía recupera la fortaleza, Europa debe aprovechar la oportunidad y acelerar la reducción de préstamos fallidos”, ha señalado el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa celebrada en Bruselas para presentar el plan de choque contra la morosidad.

Bruselas confía en que estas medidas de limpieza del balance y de mejora de la gestión de fallidos para el futuro convenza a los países que se resisten a crear un fondo europeo de garantía de depósitos, la imprescindible pieza que falta para completar la unión bancaria.

El nuevo gobierno alemán de Angela Merkel, que tomará este miércoles posesión, parece dispuesto a buscar un principio de acuerdo con el presidente francés, Emmanuel Macron, para poner en marcha en junio una primera fase del fondo europeo, basada en préstamos de liquidez sin mutualización de riesgos. Pero algunos países, con Holanda al frente, se resisten incluso a ese embrión del fondo europeo de garantía.

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La Eurocámara respalda a Guindos para el BCE con una mayoría muy ajustada

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Luis de Guindos obtuvo este miércoles el visto bueno de la Eurocámara a su candidatura a la vicepresidencia del BCE por un ajustado margen: 331 votos a favor, 306 en contra y 64 abstenciones. El rol de la Eurocámara es puramente consultivo, pero puede entorpecer el nombramiento durante meses. Así le sucedió a Mersch en 2012, pero pese a las trabas, este acabó siendo elegido igualmente consejero del Eurobanco.

Los socialistas europeos, como todo el arco de la izquierda parlamentaria, votaron finalmente en contra de Guindos con la única salvedad del PSOE, que se abstuvo. Guindos evita así lo más importante: el Parlamento Europeo no pondrá piedras en el camino a su desembarco en Fráncfort como le sucedió a Mersch. Los motivos que seis años atrás provocaron el rechazo de los diputados a la nominación del luxemburgués para formar parte del comité del BCE siguen vigentes hoy: no ha habido mujeres entre las candidatas ni tampoco existe el compromiso firme de que en el futuro se evitará que la disputa sea solo cosa de hombres.

Para dar su beneplácito a Guindos, una parte de la cámara quería un gesto de que en el futuro no se repetirán procesos como el que ha culminado con su llegada al BCE: una pugna con la única rivalidad del irlandés Philip Lane, sin ninguna mujer aspirante. El presidente de la comisión de Economía, el socialista italiano Roberto Gualtieri, lideró los esfuerzos por conseguirlo. Envió una carta al Eurogrupo y al Consejo Europeo en la que solicitaba fijar como obligatoria la presencia de mujeres entre los candidatos, pero la respuesta ha estado llena de evasivas.

El presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno, derivó la responsabilidad al Consejo Europeo y eludió cualquier compromiso firme. “En lo que se refiere a la diversidad de género entre los candidatos, estoy de acuerdo que es un asunto importante que los Estados miembro deberían considerar a la hora de elegir a sus candidatos”. El grupo de Los Verdes tildó la contestación de “decepcionante” y solicitó el aplazamiento de la votación, pero no lograron la mayoría de apoyos suficiente.

Guindos salva así un nuevo escollo, si no real, sí de un alto contenido simbólico. Desde que anunciara su candidatura a la vicepresidencia del BCE, el antiguo ministro de Economía ha debido superar numerosos obstáculos. El 19 de febrero el Eurogrupo apoyó su nombramiento tras la retirada de última hora de Philip Lane, que había quedado sin opciones. El 27 de febrero, la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara dio el visto bueno a su candidatura con 27 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. El 7 de marzo el BCE emitió un comunicado en el que avalaba su idoneidad. Y tras el voto favorable del pleno del Parlamento Europeo de este martes, ya solo queda una última etapa sin aparentes complicaciones: obtener el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno, que se verán las caras la próxima semana en una cumbre en Bruselas.

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Bruselas propone un recargo fiscal a las grandes tecnológicas

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La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles (21 de marzo) un plan legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas del sector digital y garantizar que pagan parte de sus impuestos en los países donde cuentan con mayor número de usuarios y donde generan los mayores beneficios.

La propuesta incluye un nuevo impuesto a las empresas digitales que superen un determinado umbral de facturación (el borrador del proyecto lo cifra en 750 millones de euros) y un determinado umbral de ingresos por los servicios digitales prestados en la UE (el proyecto habla de una horquilla de entre 10 millones y 20 millones).

El plan completo plantea una solución definitiva al problema de la elusión impositiva a través de una directiva que permita a los Estados aplicar el impuesto de sociedades a empresas que no tengan presencia física en su territorio.

“Sin embargo, una reforma de las normas del impuesto sobre sociedades llevaría tiempo y hay una gran presión política de los Estados miembros para adoptar medidas a corto plazo con un alcance más limitado”, señala el documento elaborado por el departamento de Pierre Moscovici, comisario europeo de Fiscalidad.

El año pasado, las cuatro grandes economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) ya reclamaron con urgencia un “impuesto igualador” para evitar que las empresas digitales trasvasen los ingresos de sus mercados hacia países donde apenas pagan impuestos como Irlanda o Luxemburgo. Bruselas teme que cada país adopte su propia solución para frenar la hemorragia fiscal. “Para evitar una acción unilateral de los Estados y preservar el mercado único, es necesario que la Comisión actúe”, señala el documento de Moscovici.

Moscovici propone una solución rápida consistente en establecer un impuesto (deducible del de sociedades) para todas las empresas del sector digital, incluidas las europeas, que superen los umbrales de facturación previstos. Bruselas quiere que el tipo de imposición sea el mismo en toda la UE y sugiere una horquilla de entre el 1% y el 5%, por lo que la propuesta definitiva podría situarse en el 3%.

El potencial de recaudación, con un gravamen del 5% podría llegar hasta los 7.800 millones de euros al año, según datos citados por Financial Times. Con el 3% se quedaría en 4.800 millones. El impuesto se calcularía a partir de los ingresos obtenidos por las empresas por dos tipos de servicios.

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Qué se puede hacer (y qué no) con la nueva app de la Agencia Tributaria

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Los contribuyentes que quieran ya pueden descargar en sus teléfonos móviles la nueva aplicación de la Agencia Tributaria que permite acceder a los datos fiscales a partir de hoy y presentar la declaración de la renta cuando empiece la campaña el próximo 4 de abril. El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, avanzó que casi 47.000 personas se han bajado la nueva aplicación en las primeras horas de la puesta en marcha de este proyecto. La aplicación está disponible para los usuarios de Apple y Android. Basta buscar “Agencia Tributaria” y le aparecerá la app.

¿Qué se necesita para descargar la aplicación? Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá identificarse. Para ello, será necesario que el usuario obtenga un número de referencia, que se puede lograr a través de un certificado electrónico o la clave PIN. La mayoría de contribuyentes, sin embargo, no tienen acceso a estas vías. En este caso, deberán indicar su DNI, la fecha de caducidad y la casilla 450 de la declaración del ejercicio anterior 2016. Con estos datos, la aplicación ya reconocerá al contribuyente y podrá empezar a interactuar con la aplicación.

Datos fiscales: Si bien la declaración no se puede presentar hasta el 4 de abril, la aplicación ya permite al contribuyente acceder a sus datos fiscales. De hecho, esta es la principal función que tiene por el momento la App. Los datos fiscales permiten conocer qué información relevante para la declaración de la renta tiene la Agencia Tributaria. Aparece el domicilio fiscal, los rendimientos del trabajo y/o actividades económicas, la información catastral de los inmuebles en propiedad, los rendimientos del capital, etcétera.

Presentación de declaraciones: La Agencia Tributaria calcula que 4,8 millones de contribuyentes podrán presentar a partir del 4 de abril su declaración de la renta a través de la aplicación. En este colectivo, se encuentran los contribuyentes con declaraciones más sencillas. El resto de contribuyentes, accederán también a su borrador y la Agencia Tributaria le redirigirá a Renta Web para que realice las modificaciones pertinentes o aporte más información. Una vez realizado este trámite, puede volver a la app y presentar su declaración.

Cuando finalice este proceso, la aplicación informará de que la declaración se ha presentado de forma correcta y se proporcionará el Código Seguro de Verificación (CSV) que certifica la validez de la presentación de la declaración y permite acceder a ella en la web de la Agencia Tributaria. Además, también se ofrece la posibilidad de visualizar y guardar la declaración en formato pdf.

Avisos tributarios: La aplicación también da la opción a que el contribuyente dé su permiso para que la Agencia Tributaria le realice avisos personalizados a su teléfono. Así, Hacienda lanzará mensajes al contribuyente para informarle del estado de la devolución o también de noticias y novedades.

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El Supremo avala subcontratar el control de la salud de los trabajadores

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Las empresas pueden encargar a una compañía externa el control de los empleados que faltan al trabajo por motivos de salud, siempre que el convenio no lo impida. El Tribunal Supremo avala en una reciente sentencia esta práctica (accede al texto pinchando aquí), amparada en el poder de dirección del empresario, que no vulnera ningún derecho de los trabajadores, siempre que se realice dentro de los límites de la buena fe y sea proporcional con los objetivos buscados.

Unisono Soluciones, empresa de 4.000 empleados y perteneciente al sector ‘contact center’, subcontrató con una compañía externa el servicio de reconocimiento de los trabajadores ausentes por motivos de salud. El protocolo consistía en citar al trabajador incluso inmediatamente después de que se produjera esta falta de asistencia. Si los trabajadores no acudían a la cita tras haber sido notificados por teléfono, por sms o por burofax, la empresa les podía suspender la mejora de la prestación por la situación de incapacidad temporal (hasta completar el 100% del salario).

Los sindicatos impugnaron la decisión empresarial en demanda de conflicto colectivo, alegando su nulidad por vulnerar el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y que solo la Mutua puede llevar a cabo este reconocimiento médico. La Audiencia Nacional rechazó sus pretensiones, otorgando únicamente el derecho al reintegro de los gastos ocasionados por la cita médica.

En cuanto al protocolo de actuación acordado, el Supremo no encuentra ilegalidad alguna. Aunque los empleados disponen de 72 horas para entregar el parte de baja, ello no impide que la empresa pueda comprobar desde un inicio el motivo de la ausencia. Destaca, además, la flexibilidad otorgada en su cumplimiento, previendo contactos por Skype o visitas a domicilio. Se trata de un mero control de ausencias al margen de la función que corresponde a las Mutuas, de reconocimiento o denegación de la baja por incapacidad temporal.

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La UE sonroja a España por la falta de cobertura social de los autónomos

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La Unión Europea ha elaborado un informe titulado ‘El pilar de los derechos sociales. El acceso a la protección social de los trabajadores europeos’. En él se informa sobre una serie de circunstancias de desigualdad social en el trabajo, que se están dando en los países miembros.

Estas circunstancias han sido representadas con una serie de ejemplos y casos reales. De las escenas que se describen como acciones a corregir, tres de ellas están relacionadas con las diferencias de cobertura que tiene un trabajador autónomo frente a asalariados. Las tres se dan en España de forma exacta, lo que parece un mensaje claro sobre la necesidad que tiene nuestro país de corregir las coberturas en este tipo de profesionales.

En el documento, la UE compara la actividad de un trabajador por cuenta propia con la de uno que trabaje por cuenta ajena. El primero de los casos que expone la Comisión Europea se centra en las bajas por enfermedad. Una persona con contrato indefinido a tiempo completo tiene derecho a prestaciones por enfermedad que compensan la pérdida de los ingresos en caso de que haya una enfermedad prolongada. Sin embargo, un empleado autónomo tiene unas prestaciones menores en ese sentido.

El empleado contratado en una empresa sí que percibirá un ingreso durante el tiempo de la baja, mientras que el autónomo no tiene suficientes coberturas para mantener el nivel de ingresos que tendría si siguiera trabajando con normalidad. Una situación de desigualdad que la Comisión pone de relieve en su informe.

En el segundo de los casos, un joven autónomo sufre un accidente durante su jornada laboral. Esto le provoca una lesión permanente. Al no disponer de cobertura para accidentes de trabajo, debe usar sus ahorros para pagar el tratamiento médico. Unos ahorros de los que no dispondrá para pagar el alquiler y los estudios si está aún formándose.

Por último, una persona que ha trabajado durante 5 años contratado a tiempo completo decide hacerse autónoma y montar un negocio. Un año después quiebra su negocio, pero el sistema no le permite reclamar el paro, pese haber estado contribuyendo al sistema durante cinco años. Al menos no en las mismas condiciones de acceso que tendría un asalariado.

España deberá trabajar para adoptar las recomendaciones que le hace la UE sobre el acceso a la protección social para los autónomos. Entre ellas destaca ampliar la cobertura de las prestaciones por enfermedad a las personas con empleo, hacer lo mismo con la cobertura por accidentes y garantizar los derechos como la prestación por desempleo a lo largo de la carrera de una persona.

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El Gobierno llama primero a los sindicatos para negociar las pensiones mínimas

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La ministra de Empleo anunció este jueves desde Bruselas el inicio de las negociaciones para subir las pensiones mínimas y las de viudedad, anteponiendo a los partidos políticos los contactos con los sindicatos y la patronal. Fátima Báñez recordó que esta iniciativa, presentada por el presidente del Gobierno el miércoles en el transcurso del pleno monográfico de pensiones, es un esfuerzo adicional en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Además de estos contactos con sindicatos, patronal y partidos políticos, que deben desarrollarse en un corto periodo de tiempo, pues el anteproyecto de las Cuentas Públicas se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 27 de marzo, Fátima Báñez hizo mención al Pacto de Toledo, del que espera salga un acuerdo “allá por la primavera”.

A raíz de las informaciones publicadas donde se habla de un aumento de 100 euros al mes para las pensiones de viudedad, la titular de Empleo ha pedido que no se den cifras, porque eso dependerá del debate con los agentes sociales y las fuerzas políticas. No obstante, precisó: “Cuando tengamos algún avance más, se lo comunicaremos”, subrayando de antemano que en estos momentos se está tramitando un Real Decreto sobre la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 60%.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó el jueves que la subida de las pensiones de viudedad que anunció el presidente Mariano Rajoy será “importante”, aunque tampoco precisó cuantía alguna, si bien dijo que es en el ámbito de las pensiones de viudedad donde este país debe hacer máximo esfuerzo.

Tras participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado en Bruselas, Báñez aventuró que habrá buena disposición y acuerdo para subir específicamente más las pensiones mínimas y las de viudedad.

La ministra también aprovechó su intervención ante los medios para reclamar al PSOE más seriedad y responsabilidad ante propuestas como el impuesto a la banca, que no podría ni cubrir los 3.800 millones de euros anuales de gastos en pensiones por incorporaciones al sistema y la esperanza de vida.

En una semana de pensiones, este jueves la Comisión de Empleo del Congreso instó al Gobierno a derogar de forma inmediata el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 por considerarlo injusto, ya que rebajará la cuantía inicial de la pensión, y ha pedido alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.

Finalmente, PDeCat sacó adelante una proposición no de Ley pactada con el PSOE y Unidos Podemos que también pide revalorizar las pensiones en 2018 el 1,6%, y establecer una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el IPC sea superior al previsto. La iniciativa fue rechazada por el PP y recibió la abstención de Ciudadanos y PNV.

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La AEB propone la reelección de Roldán como presidente de la patronal bancaria

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El consejo general de la Asociación Española de Banca (AEB) ha acordado proponer a la próxima asamblea general la renovación de José María Roldán como presidente. Así, el actual presidente de la patronal bancaria se mantendrá en el cargo durante cuatro años más si así lo decide la asamblea general de la AEB el próximo 12 de abril.

Los estatutos de la AEB establecen que el presidente debe ser presentado “de forma consensuada” por los cinco bancos con mayor volumen de activos que hayan nombrado vocales en el consejo, que son Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank, mientras que la designación corresponde a la asamblea general.

Roldán, quien fuera director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España entre 2000 y 2013, fue nombrado presidente de la AEB en abril de 2014 en sustitución de Miguel Martín, actual presidente de la Fundación AEB.

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Las empresas españolas prefieren los tribunales frente al arbitraje

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Las compañías españolas tienen claras las ventajas del arbitraje: ahorro de tiempo y cortes especializados en cada materia. Sin embargo, la mayoría prefiere acudir a los tribunales a la hora de resolver sus problemas. Aunque los porcentajes van igualándose, todavía el 53% de las firmas se decanta por la jurisdicción ordinaria, frente al 47% que opta por la vía extrajudicial.

Para las empresas, las ventajas están claras y las que más valoran son la especialización y el conocimiento técnico sobre la materia; la cualificación exigida al árbitro; y la rapidez del procedimiento. Por eso, siete de cada diez compañías consideran que se trata de una fórmula adecuada para resolver conflictos (porcentaje que escala hasta el 89% cuando se trata de disputas internacionales), según se desprende del I Estudio de Arbitraje en España, elaborado por Roca Junyent.

En términos generales, las sociedades sí tienen en cuenta el arbitraje y lo valoran positivamente, hasta el punto de que el 80% considera que la redacción de una cláusula arbitral en un contrato es esencial y determinante a la hora de negociar. Es más, también destacan la seguridad jurídica que ofrece, ya que ni siquiera el 10% de los laudos recurridos es anulado. Entonces, ¿por qué a la hora de la verdad lo utilizan menos de la mitad?

Parece ser que los inconvenientes de esta vía extrajudicial siguen pesando más a la hora de elegir la fórmula para dirimir un conflicto. Concretamente, el sector privado se queja de los costes de los arbitrajes, que consideran demasiado elevados. Pero, además, tampoco les convence “la tendencia del árbitro a alcanzar una decisión salomónica” o la inexistencia de jurisprudencia que pueda usarse en otras disputas.

Por tanto, desde Roca Junyent señalan que, “aun cuando puede concluirse que el arbitraje se encuentra asentado como método de resolución de controversias en España, parece que todavía queda mucho camino por recorrer”.

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“Daremos una respuesta firme a los aranceles de EEUU”

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Los problemas se acumulan sobre la mesa de trabajo de Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros. A las preocupaciones por la reforma del euro, la solución de la crisis griega o la lucha contra la elusión fiscal de algunas grandes firmas tecnológicas se suma ahora el enfrentamiento abierto con la Administración Trump después de que impusiera aranceles al acero y al aluminio. “Todos pensamos que las guerras comerciales son malas, nadie gana y todo el mundo pierde”, señala Moscovici.

La prioridad en Bruselas sigue siendo encontrar una solución dialogada que evite que la UE se vea afectada por unas medidas que entrarán en vigor ya la próxima semana. Pero el comisario avisa: “Si no encontramos una solución mediante el diálogo, tendremos que actuar”. La reunión celebrada esta semana ha servido para que la Comisión Europea consensue con los ministros de Economía de la UE las “contramedidas” con las que responderá a la subida arancelaria de Trump. Y Moscovici destaca que todos están de acuerdo en que “no la podemos aceptar, debemos dar una respuesta firme, proporcionada y unánime”.

Según explica, en Bruselas ya se ha confeccionado “una lista de productos” exportados por Estados Unidos a los que se podrían retirar las facilidades de acceso al mercado europeo. Se trata de productos industriales, acero, zumo de naranja, crema de cacahuete o bourbon; sobre los que se podría aplicar un arancel de hasta el 25%.

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Se puede cobrar el complemento de invalidez y la jubilación de otro país a la vez

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La sentencia publicada este jueves por el tribunal de justicia de la Unión Europea ha determinado que un trabajador puede percibir el complemento concedido en España por incapacidad permanente total a la vez que una pensión de jubilación de otro Estado miembro de la Unión Europea o como en este caso, de Suiza.

El tribunal europeo admite que se trata de prestaciones de la misma naturaleza, puesto que ambos tienen por objeto garantizar medios de subsistencia a los trabajadores que por incapacidad y por haber llegado a una determinada edad les resulta muy complicado encontrar un trabajo. En consecuencia, dichas prestaciones podrían parecer incompatibles.

Sin embargo, el tribunal de Luxemburgo considera que la cláusula de suspensión prevista por la normativa española, que establece que el complemento del 20 % queda en suspenso durante el período en el que el trabajador ejerce un empleo o percibe una pensión de jubilación, no sería aplicable a este caso. El motivo es que simplemente esta prestación no figura como incompatible en el anexo del reglamento europeo sobre la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad.

El origen de esta decisión europea es la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que llegó el caso de un ciudadano que cobraba una pensión de incapacidad permanente total en España junto con un complemento del 20% por ser mayor de 55 años y una pensión de jubilación de la seguridad social suiza.

La pensión por incapacidad permanente total le fue concedida cuando tenía más de 55 años, por lo que obtuvo además ese complemento del 20%. Complemento, que tal y como se defiende en la sentencia europea, es una medida destinada a proteger, por su especial vulnerabilidad, a los trabajadores comprendidos entre los 55 y los 65 años a los que se ha declarado en situación de incapacidad permanente total y para quienes resulta difícil encontrar empleo en una profesión diferente de la que ejercían anteriormente.

Al cumplir los 65 años, este ciudadano comenzó a percibir una pensión de jubilación de la seguridad social suiza, para la que se tuvo en cuenta exclusivamente las cotizaciones abonadas al régimen de seguridad social obligatorio suizo. Casi siete años después el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suprimió el complemento del 20 % porque consideró era incompatible con el cobro de una pensión de jubilación y le exigió que reintegrara un importe de 17 340,95 euros, correspondiente a los importes abonados en concepto de dicho complemento.

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133.206 contribuyentes ya se han descargado la nueva ‘app’

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Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, 202.792 contribuyentes ya han solicitado el número de referencia para consultar sus datos fiscales con la ‘app’ gratuita con la que facilitará a los ciudadanos hacer la declaración con el móvil, a golpe de click.

Desde hoy se podrá bajar de la APP Store o Google Play con el criterio de búsqueda “Renta” y permitirá presentar su declaración de la Renta ‘en un clic’, más de 4.850.000 contribuyentes, según las previsiones de Hacienda.

Aunque los contribuyentes no podrán presentar todavía su declaración, los usuarios de la aplicación podrán comprobar sus datos fiscales y solicitar su número de referencia, dos acciones que también podrán realizar desde hoy a través de la página web de la AEAT.

La aplicación móvil, principal novedad de la campaña de la Renta 2017, tiene como objetivo ofrecer una atención individualizada al contribuyente y va dirigida especialmente a aquellos con las declaraciones más sencillas, de forma que puedan confirmarla con un único ‘clic’.

La AEAT, además, inicia este jueves el envío de cartas a los contribuyentes. La decisión de adelantar estos servicios a pesar de que la declaración no se pueda presentar hasta el 4 de abril responde al objetivo de la Agencia Tributaria de agilizar la presentación de las declaraciones y, con ello, también las devoluciones a los contribuyentes.

La aplicación, además, también permitirá recibir avisos, así como pedir el número de referencia (Reno) y recibirlo y guardarlo en la propia aplicación. Además, la aplicación permitirá gestionar las declaraciones del propio contribuyente y de sus allegados y familiares, hasta un máximo de 20 NIF distintos.

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El CGPJ traslada a las asociaciones judiciales su respaldo a la demanda de mejora de retribuciones

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado a las cuatro principales asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- su respaldo a la demanda de mejoras retributivas para la carrera judicial y a otras reivindicaciones.

Según informa el órgano de gobierno de los jueces en una nota informativa, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y nueve vocales del órgano han mantenido una reunión con los representantes de estas cuatro asociaciones, durante la que también se han tratado asuntos como la fijación de cargas de trabajo de los juzgados y tribunales o la implantación de la justicia digital.

La reunión se ha producido apenas unas semanas después de que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales anunciaran un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en la administración de justicia que, de no conseguirse, culminaría el próximo 22 de mayo con una jornada de huelga general en el sector.

A este respecto, el CGPJ ha reiterado la postura expresada el pasado mes de septiembre por Lesmes, y ha iniciado ya los trámites para la aprobación definitiva de un nuevo reglamento de retribuciones variables que, una vez aprobado, determinará este componente de la remuneración de los miembros de la carrera judicial, según informa la nota.

Los representantes del CGPJ han trasladado también a las asociaciones que el órgano de gobierno de los jueces remitió el pasado mes de febrero al Ministerio de Justicia sus informes definitivos sobre las cargas de trabajo de los órganos judiciales y que está a la espera de la respuesta de este departamento.

El CGPJ y el departamento ministerial ya habían tratado este asunto en los órdenes jurisdiccionales contencioso y social y ahora ha completado sus informes actualizando los de la jurisdicción penal y elaborando los de la civil y los ha enviado al Ministerio con el objetivo de suscribir un acuerdo.

En cuanto a los módulos de dedicación, es decir, el número mínimo de asuntos que un juez debe resolver, que sí son competencia exclusiva del Consejo, ya se han finalizado todos los estudios e informes previos necesarios para la elaboración del Reglamento correspondiente, que se encuentra en fase de redacción.

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Un cambio en el IVA intenta paliar la crisis de la I+D en España

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Los centros investigadores pueden desgravarse desde un 100% hasta un 0% del IVA de las adquisiciones de material y equipamiento o de las subvenciones que reciben del Gobierno, según la interpretación de la normativa que haga el inspector de Hacienda. Sin embargo, si la ciencia fuera reconocida como una actividad económica, estas entidades podrían deducirse el total del impuesto.

Esto es lo que está tratando de lograr la alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) que ha pedido el apoyo de todos los partidos a la enmienda parlamentaria sobre la Ley de Contratos Menores que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. Con ella, se definiría a la investigación también como una actividad de interés general, cuyas aportaciones de la Administración no están sujetas al precio.

Luis Serrano, presidente de SOMMa y director del Centro de Regulación Genómica (CRG), teme que el PP vaya en contra de la decisión y no acabe con la inseguridad jurídica que viven los centros de I+D actualmente.

Esta problemática es solo una de las muchas a las que se enfrenta la investigación en España, cuyos presupuestos quedaron muy mermados en la crisis económica y aún no se han recuperado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016, la inversión creció un 0,6%, mientras que en el ejercicio anterior lo hizo un 2,7%. Además, descendió la proporción de I+D sobre el PIB al 1,19%, frente al 1,22% de 2015.

España no ha seguido la estela de la media de los países de la UE que han aumentado su inversión un 25% en la última década. En nuestro país, por el contrario, el desembolso ha caído un 10%, destacan desde el sindicato CSIF. Y subrayan una segunda cifra, en 2016, solo se aplicó uno de cada tres euros que había disponibles para investigación en los presupuestos. Cifras que están haciendo que España pierda la competitividad lograda y se arriesgue a retroceder lo avanzado en los últimos 25 años, puntualiza Serrano.

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El Gobierno aprobará los PGE el 27 de marzo

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que si se mantiene el crecimiento económico en España las pensiones van a subir “más y pronto”, y ha subrayado que su Ejecutivo ofrece “pensiones seguras y la oposición promesas falsas”. Rajoy, en la clausura del Congreso regional del PP de Murcia y después de las movilizaciones de pensionistas de ayer en toda España, ha defendido que su partido es el que garantiza las pensiones y las seguirá subiendo en la medida de lo posible.

Ha sido entonces cuando ha prometido que, si en España se sigue creando empleo, continúa el crecimiento y persiste la misma política económica, “las pensiones subirán más y pronto, y, si no -ha apostillado- al tiempo”. El jefe del Ejecutivo ha instado a la oposición a no hacer demagogia en general y menos en un asunto como el de las pensiones, y ha reivindicado el cumplimiento de su promesa de no bajar esas prestaciones incluso con 70.000 millones de euros menos de ingresos.

“El Gobierno ofrece pensiones seguras y la oposición promesas falsas, y lo digo con conocimiento de causa”, ha reiterado el presidente antes de recalcar que las pensiones no pueden subir lo que no se puede. A la oposición ha vuelto a dirigirse para que deje de hacer política con las pensiones porque no ayuda a nada, y apuesten por la responsabilidad y por un acuerdo en el Pacto de Toledo. Rajoy ha considerado el acuerdo sobre pensiones el más importante que tiene ante sí España y ha dicho que no es sólo político, sino también entre generaciones.

El presidente del Gobierno ha ratificado, tal y como avanzó en el debate que hubo esta semana en el pleno del Congreso sobre el futuro de las pensiones, que el proyecto de ley de presupuestos que aprobará el Ejecutivo el 27 de marzo incluirá una subida especial de las mínimas y las de viudedad. Precisamente, el referirse a ese debate de esta semana en el Congreso, ha lamentado que algunos partidos de la oposición pretendieran convertirlo en una puja y otros en una bronca.

Frente a ello ha asegurado que él fue “con la verdad por delante” y dijo que las pensiones se pueden subir en la medida en que se puedan seguir pagando mañana. “Que vengan a dar lecciones ahora quienes -ha dicho en alusión al PSOE- generaron con su política económica una pérdida de más de tres millones y medio de empleos en España es un poco duro”.

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Pedro Sánchez pide que el sueldo del Gobierno suba un 0,25%, en solidaridad con los jubilados

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El líder socialista ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de “despreciar” a los ciudadanos que construyeron la España democrática con la “dictadura” del 0,25% con la que quiere actualizar las pensiones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que propondrá que el sueldo de los miembros del Gobierno, diputados y senadores sólo suba este año el 0,25 por ciento en solidaridad con los jubilados si el Gobierno no rectifica e incrementa las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en su reivindicación para que se levante esta dictadura del 0,25%, le advierto de que en el debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno, diputados y senadores también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad y coherencia con los jubilados y jubiladas de este país”, ha avanzado en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno que el partido desarrolla desde el jueves en el distrito madrileño de Villaverde.

Sánchez ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de “despreciar” a los ciudadanos que construyeron la España democrática imponiéndoles esta “dictadura” del índice del 0,25% para actualizar las pensiones con la excusa de que “no hay recursos económicos” suficientes, cuando en realidad, según el PSOE, lo que falta es “voluntad” política. El líder socialista se ha comprometido a volver a vincular la subida de las pensiones al incremento del IPC si alcanza el Gobierno y a blindar constitucional y legalmente la sanidad, educación, la atención a la dependencia y las pensiones para que nadie convierta en “mercancía” lo que son derechos adquiridos.

Ante un público que no llenaba el aforo previsto (las últimas filas de asientos quedaron vacías), Sánchez se ha mostrado convencido de que el partido está “tocando con la punta de los dedos ser la primera fuerza en este país”, por lo que ha instado a todos “a trabajar y a ganar” las próximas citas electorales –hay municipales, autonómicas y europeas en 2019– porque “quien gana las elecciones municipales, gana las generales”.

Sánchez también ha arremetido contra la parálisis del Gobierno de Rajoy, al que ha acusado de contar con “el mejor puesto de trabajo, porque cobra por no hacer nada” y ha destacado que es la “solidaridad” lo que distingue a los socialistas, verdaderos progresistas, de PP y Ciudadanos, “las dos caras de la derecha” que hay en este país.

Ha criticado la “competición absurda” entre estos dos partidos conservadores por ver quién baja más los impuestos. “Frente a la rebaja absurda del IRPF que representa recortes encubiertos al Estado de bienestar, nosotros queremos un Estado de bienestar fuerte que redistribuya la riqueza” con justicia, ha subrayado.

Sánchez también ha prometido que los socialistas, cuando gobiernen, situarán a España “en el corazón de Europa”, regenerarán la vida democrática, impulsarán la ciencia, invertirán como mínimo el 5% del PIB en educación, llevarán las políticas de igualdad al Boletín Oficial del Estado y reindustrializarán el modelo económico.

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Miles de pensionistas salen a la calle para exigir pensiones dignas

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Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en un centenar de ciudades de toda la geografía española por unas pensiones «dignas». Madrid, Cataluña, el País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Baleares… por casi todas las ciudades de las comunidades autónomas españolas discurrieron por la mañana y por la tarde mareas de jubilados en defensa de un sistema de pensiones público «justo», que mantenga el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Convocados por los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO y la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (Merp), además de por la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, por la tarde, clamaban por lo mismo que llevan meses denunciando y que ya les ha llevado a movilizarse en varias ocasiones. Quieren mantener un poder adquisitivo que han perdido desde que con José Luis Rodríguez Zapatero se congelaran las pensiones y Mariano Rajoy decidiera revalorizarlas sólo el 0,25% frente a una subida del IPC del 1,1%.

Ahora, a las puertas de la aplicación en 2019 de un factor de sostenibilidad, que podría calcular el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, rebajando por tanto su cuantía, a muchos jubilados se les ha agotado la paciencia. Y algunos piden, incluso, que se blinden las pensiones incluyéndolas en la Constitución, temerosos de que el actual sistema público pueda llegar a privatizarse.

Así que, aunque el clima, desapacible en numerosos puntos de España, pudo rebajar la afluencia, los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, auguraban in situ, al comienzo de la marcha de Madrid, una gran participación. «Creemos que este auténtico aguacero de trabajadores y pensionistas en las calles tiene que tener una lectura por parte del Gobierno», adelantaba Sordo, que estimaba que la participación en toda España se cifraría en «centenares de miles, sino millones».

No obstante, por la tarde ningún sindicato se aventuraba a pronosticar, más allá de las decenas de miles estimadas por CCOO antes de finalizar las protestas vespertinas. Sin número oficial exacto y con cifras dispares, como siempre ocurre en estos casos, la masiva marea de jubilados llenó calles y plazas como la de la Puerta del Sol de Madrid. Precisamente, del kilómetro cero español partía a las 11.15 horas una de las manifestaciones más multitudinarias. Lo hacía bajo una alternancia de lluvia y nieve, y al grito de ‘Ladrones, nos roban las pensiones’.

Álvarez dejaba claro que desafiaban al mal tiempo porque «en este país hay una asignatura clave pendiente: las pensiones, que hay que revisar». Tanto él como Sordo calificaban las peticiones de los pensionistas de «muy razonables», especialmente dado «el crecimiento del país -un 3% en 2017- y los beneficios de las empresas». «No se distribuye el crecimiento entre la mayoría», denunciaron.

Con pancartas de ‘Soy pensionista, no idiota’; los jubilados pedían estabilidad y las mismas condiciones para sus pensiones que las de diputados y senadores y coreaban “Fátima Báñez, no me engañes” bajo un techo de paraguas. Para los sindicalistas hoy día no hay razón para mantener estos ajustes en las pensiones ni para poner en marcha el factor se sostenibilidad. «No se pueden seguir alargando las medidas que se pusieron en la crisis porque esto va a provocar un estallido social», advirtió Sordo, quien adelantó que habrá nuevas movilizaciones, hasta que sean escuchados.

A excepción de algunas banderas del PSOE, en Madrid, ningún partido político enarboló de forma visible estas protestas. Su secretario general, Pedro Sánchez, que se unió a la marcha, acusó a Rajoy de «destruir» las pensiones de los jubilados que «construyeron» España. Y le criticó por «tratar de privatizar» las ganancias de la recuperación económica.

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España es el tercer país de la UE con más trabajadores en riesgo de pobreza

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España se situó en 2016 como el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores de 18 o más años que se encuentran en riesgo de pobreza, con un 13,1%. Según datos de la oficina de estadística europea Eurostat, España ocupa el tercer puesto, por detrás de Rumanía (18,9%) y Grecia (14,1%). En el lado opuesto se ubican Finlandia (3,1%), República Checa (3,8%), Bélgica (4,7%) e Irlanda (4,8%), con las tasas más bajas. Frente a estos porcentajes, la media de la UE se situó en el 9,6%, porcentaje que ha subido desde el 8,3% registrado en 2010.

En la mayoría de países europeos ha subido esta tasa desde 2010, registrándose los mayores ascensos en Hungría (+4,3 puntos porcentuales), Bulgaria (+3,7 puntos), Estonia (+3,1), Alemania (+2,3) Italia y España (en ambas cosas, +2,2 puntos). En contraste, descendió en Lituania (-4,1 puntos), Dinamarca (-1,2) y Suecia (-1).

Según explicó Eurostat, este riesgo de pobreza está condicionado por el tipo de contratos, puesto que el riesgo de pobreza económica fue unas dos veces más alto para los trabajadores a tiempo parcial (15,8%) que para los que tuvieron un contrato a tiempo completo (7,8%). Asimismo, el porcentaje medio en la UE de empleados en riesgo de pobreza es casi tres veces más grande para los trabajadores temporales (16,2%) que para los indefinidos (5,8%).

Por género, esta tasa fue ligeramente mayor entre los hombres (10%) que entre las mujeres (9,1%). Eurostat también analiza la perspectiva del género por países y en España se reparte en un 13,7% entre los trabajadores y un 12,4% entre las trabajadoras.

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Fiscalía propone crear un área especializada en protección al consumidor

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Fiscalía apuesta por crear una unidad especializada en materia de protección al consumidor para dar respuesta a la avalancha de litigios relacionados con abusos bancarios que se ha desatado en los últimos años. La propuesta figura en la última Memoria anual de la Fiscalía y fue llevada por el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ante el Congreso de los Diputados la pasada semana.

El Fiscal General compartió entonces con los parlamentarios el contenido de la memoria, elaborada bajo el mandato de su predecesor, José Manuel Maza, fallecido el pasado noviembre. Una copia del documento fue entregada a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y a los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Sánchez Melgar explicó durante su comparecencia la actividad de las distintas Fiscalías durante los ejercicios 2015 y 2016 para desgranar luego algunas de las iniciativas que plantea el Ministerio Público.

La memoria del organismo recuerda que ya supuso “un hito” en años anteriores “la problemática de los afectados por los productos financieros”. Particularmente, destaca el caso de las participaciones preferentes y de deuda subordinada. La litigiosidad que desataron provocó ya entonces “una cierta saturación tanto de los órganos administrativos de los servicios policiales y de algunos juzgados”.

“Rondando los delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, entre otros”, explica el documento, “una minoría” de estos asuntos devinieron en causas presentadas por la vía penal, mientras que el grueso fue a parar a la vía civil. Los jueces y tribunales de este ramo, indica la Fiscalía, han “ido estimando en bastantes casos las pretensiones de los suscriptores, fundamentalmente en base a entender que el consentimiento estuvo viciado por un error esencial” en los contratos. “Ello en absoluto significa que el problema social y sus consecuencias estén resueltos y debe mantenerse la cautela ante los riesgos que trae consigo la desregulación del sector financiero”, advertía la Fiscalía en el documento remitido al Congreso de los Diputados.

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