Los cuatro bancos que operan en internet con marca propia en España duplicaron sus ganancias en 2015 por segundo año consecutivo y obtuvieron un beneficio neto de 264 millones de euros. Esas cuatro entidades -Allfunds, Bancopopular-e, Openbank y Unoe- cerraron el pasado ejercicio con unos beneficios conjuntos de 264 millones de euros, un 100 % más que los 131,44 millones conseguidos en 2014, según los estados financieros publicados esta semana por la Asociación Española de Banca (AEB).

De estas cuatro entidades, la que registró un mayor incremento en su beneficio fue Openbank, del Grupo Santander, que pasó de ganar 4,44 millones de euros por sus operaciones en 2014 a 69 millones en 2015.
Bancopopular-e elevó sus ganancias en un 79,8 % y rozó los 100 millones en 2015, 99,6 millones, lo que la convierte en la entidad que más dinero ganó.

Allfunds, especializado en análisis, selección y distribución de fondos de inversión, también logró consolidar su situación con un aumento de sus beneficios cercano al 49 %, hasta los 68,9 millones de euros. En último lugar, Unoe, del Grupo BBVA, apenas consiguió un millón más que durante el ejercicio anterior, lo que representa un ascenso del 4,8 %, hasta los 26,5 millones de euros.

En concreto, en 2008 la renta por habitante era de 24.274 euros, un 4,1% por debajo de los 23.290 euros de 2015, el último año para el que elabora datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese mismo periodo, marcado por la caída de la producción y el aumento de paro, la población total española apenas ha crecido un 1%. Este indicador es útil para conocer la evolución de la calidad de vida de un país, aunque presenta dos desventajas: es sólo una media, por lo que no muestra las desigualdades entre los distintos ciudadanos, y no refleja tampoco las diferencias autonómicas.

Esas diferencias son importantísimas. El desglose de las cifras del INE arroja dos Españas muy diferenciadas. En un lado, 12 regiones han sufrido pérdidas en la renta por habitante más altas que la media y en todos los casos superiores a los 1.000 euros. En el otro, 7 autonomías han sufrido mermas de su renta inferiores a la media nacional. Aunque nadie se salva de los números rojos.

En el ranking de perdedores, Melilla es líder, con 2.373 euros menos por habitante. A continuación se sitúan Cantabria, con 2.003 euros, y el Principado de Asturias, con 1.661 euros. Le siguen Navarra (1.446 euros), Murcia (1.425 euros), Ceuta (1.366 euros), Andalucía (1.362 euros), Castilla La-Mancha (1.343 euros), Islas Baleares (1.323 euros), la Comunidad Valenciana (1.292 euros), Canarias (1.286 euros) y Aragón (1.098 euros).

Las caídas del petróleo pasan factura a los futuros de las bolsas europeas en una jornada que ha comenzado con un correctivo al Nikkei. El Ibex podría perder los 8.800 puntos, con CaixaBank en el punto de mira por su opa sobre BPI y con el resurgir de las presiones bajistas en valores como Repsol. La remontada de la renta variable desde mediados de febrero ha ido en paralelo al rebote en el precio del petróleo.

A su vez, estas subidas se habían producido al calor del acuerdo que había permitido la celebración de una cumbre, en Doha, que contaba con la participación de países tanto pertenecientes como ajenos a la OPEP. Las últimas semanas habían reforzado las subidas en el precio del petróleo, con el barril de Brent consolidado por encima de la barrera de los 40 dólares, lejos de los 27 dólares que registró en febrero. Pero las diferencias en el seno de la OPEP, y sobre todo entre Arabia Saudí e Irán, han impedido un acuerdo para congelar la producción. El mercado continuará con un exceso de oferta, y la reacción de los inversores no se hace esperar.

Tras el fiasco en la cumbre de Doha, el petróleo sufre caídas de hasta el 6%. El barril de Brent baja por momentos de los 41 dólares, y el West Texas, de referencia en EEUU, se desinfla hasta los 38 dólares. El resurgir de las alertas bajistas en el precio del petróleo devuelve los números rojos a la Bolsa española. El Ibex, después de acelerar su escalada al 5% durante la semana pasada, podría perder hoy los 8.800 puntos.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, llevará el martes al Congreso una nueva senda de reducción del déficit público para cumplir con los objetivos de Bruselas, así como un calendario de reformas para España y un cuadro macroeconómico más realista, que muestra una rebaja en el crecimiento del PIB español. De Guindos comparecerá por la mañana en la Comisión de Economía de la Cámara Baja a petición propia y de todos los grupos parlamentarios con el fin de presentar el Plan de Estabilidad Presupuestaria 2016-2019 y el Programa Nacional de Reformas 2016, que debe enviar a Bruselas antes de finales de abril.

El ministro en funciones detallará las medidas de ajuste presupuestario que debe adoptar España después de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) ante el riesgo de incumplir con el objetivo de déficit en 2016. Desvelará un nuevo calendario de objetivos de déficit para los próximos años y lo hará después de anunciar ayer en la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial la necesidad de una proyección más realista de las previsiones españolas ante la debilidad de la economía global.

Y es que el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado recientemente que la consolidación fiscal debe ir ligada al crecimiento del empleo neto y ha abogado por flexibilizar la meta de déficit del 2,8 % del PIB marcada para 2016.

En los primeros tres trimestres de 2015, realizó 395.374 controles y en 160.702 casos consideró que era fraudulenta la incapacidad temporal. En 2014 retiró la prestación a 230.796 trabajadores tras 592.190 comprobaciones. La Seguridad Social tiene establecidos controles permanentes sobre las prestaciones de incapacidad temporal, que suponen un gasto anual de más de 5.000 millones de euros. Y para este ejercicio se han presupuestado 5.400 millones, un 9,2% más que en 2015. El Gobierno aprobó un real decreto que modificó la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días, por el cual se reforzaba el papel de las mutuas en el seguimiento del trabajador en baja.

Aunque la última palabra la sigue teniendo el médico de la Seguridad Social, las mutuas pueden solicitar al trabajador que pase para un reconocimiento y proponer el alta del trabajador, que en última instancia decidirá la inspección de la Seguridad Social. Además, ahora se aplica un nuevo sistema de avisos donde se incluye la duración estimada de la baja en función de un baremo según la patología. Hay cuatro partes de baja: muy corta (menos de 5 días naturales en el que el alta se incluye en el mismo documento); corta, de 5 a 30 días: media, de 31 a 61 días; y larga si el trabajador va a estar de baja más de 61 días.

Cada mes se inician alrededor de 330.000 procesos de baja por enfermedad común, es decir, sin incluir accidentes de trabajo o contingencias profesionales. Eso significa que la incidencia es de 22 por cada 1.000 trabajadores, según los últimos datos publicados en enero pasado. La crisis -por el miedo a perder el empleo- ha reducido la incidencia de las bajas laborales, pues en 2007 se situaba en 30 trabajadores por cada 1.000. No obstante, con la recuperación ha repuntado ligeramente la incidencia (en 2014 llegó a estar en 18,7 por cada 1.000 empleados).

En todo caso, desde hace años, la Seguridad Social viene incrementando los controles sobre la incapacidad temporal, que en 2012 llegaron a superar las 736.500 comprobaciones. Entonces se anuló el 44% de las bajas inspeccionadas, bajando al 38% en 2014 y quedando en el 40% en 2015, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo remitido por el Ministerio de Empleo al Congreso de los Diputados. Los controles de IT han ido disminuyendo a medida que los inspectores médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social tienen acceso completo a las historias clínicas.

La CEOE ha alertado hoy de que el desequilibrio fiscal de España “está en el punto de mira” de las autoridades europeas y señala que el desvío del objetivo de déficit público de 2015 hasta el 5% del PIB debe ser motivo de “preocupación”. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han alertado este lunes de que España ha “invertido” el ajuste estructural logrado en los últimos años debido a que ha frenado los esfuerzos de consolidación, por lo que ha reiterado su llamada al Gobierno para que emprenda medidas “adicionales” para reducir el déficit.

“Los avances necesarios en la consolidación fiscal se han detenido, con lo que parte del ajuste estructural conseguido en los años anteriores ha sido invertido”, según el comunicado difundido por las instituciones tras la misión de supervisión postprograma que concluyeron la semana pasada en Madrid. Expertos del Ejecutivo comunitario, del BCE y del fondo de rescate europeo (MEdE) viajaron a España del 11 al 13 de abril para observar la situación del sector financiero y de la economía española. El próximo examen se realizará en otoño de este año.

La misión ha constatado que el sector financiero ha logrado una mayor estabilidad gracias a las reformas estructurales del pasado y a la recapitalización de los bancos, pero advierte de que “sigue habiendo retos significativos” que exigen “esfuerzos de consolidación adicionales”. El objetivo de las medidas adicionales debe ser asegurar una reducción “duradera” del déficit público, añade el comunicado de las instituciones, que recalcan que es “fundamental” que se den esfuerzos de reforma “importantes”, de cara a equilibrar la economía.

En este sentido, Bruselas y el BCE señalan que el Gobierno se ha desviado “por un gran margen” del objetivo de déficit del 4,2 % comprometido con la UE para 2015, alcanzando una cifra (5 %) que sitúa el déficit español “entre los más altos” de la Eurozona.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha tenido tiempo para emitir su informe sobre el Programa de Estabilidad fiscal de 2016 a 2019. El Gobierno remitió el cuadro con las nuevas previsiones macroeconómicas el 8 de abril. Pero no ha enviado más documentación, según denuncia el organismo, que denuncia que así no puede hacer su trabajo porque le falta información.

Fuentes de Hacienda aseguran que el cuadro de previsiones se remitió antes, concretamente el 31 de marzo. El 2 de abril remitieron las medidas que tenían que adoptar las comunidades autónomas. Y añaden que el 12 de este mismo mes se remitió más información sobre las previsiones macroeconómicas. El informe con la evaluación del Programa de Estabilidad que el Gobierno presentará mañana martes en el Congreso de los Diputados debía estar listo el pasado 15 de abril, apunta la nota del organismo. El programa debe contar con ese informe y también tiene que señalar si lo avala o no.

“La AIReF no puede evaluar los resultados y la consistencia interna del escenario macroeconómico enviado al no disponer de la política fiscal subyacente. Sin un mínimo detalle de la composición de los ingresos y los gastos, no es posible evaluar la influencia del sector público en la actividad económica española”, critica el órgano independiente.

“Para poder realizar este trabajo en los plazos marcados por la ley, la AIReF debe disponer, con suficiente antelación, del texto del proyecto del Programa de Estabilidad, que irá acompañado de las correspondientes previsiones presupuestarias a medio plazo”, explica la Autoridad Fiscal. El pasado 8 de abril recibió un borrador del escenario macroeconómico que acompañaría el programa, pero no hubo más información. Por esto, “la AIReF no puede emitir los citados informes en el plazo legalmente establecido.

La AIReF y el Ministerio de Hacienda, departamento del Ejecutivo al que está adscrito pese a ser independiente, mantienen un historial de desencuentros, pese a la corta vida del organismo supervisor de fiabilidad de las cuentas públicas. En noviembre pasado, se supo que la AIReF había recurrido ante la Audiencia Nacional una orden de Hacienda en la que regulaba la forma en la que puede acceder a los datos de las diferentes administraciones.

Flexibilizar la regla de gasto era el objetivo de municipios y Ayuntamientos en la pasada reunión con los responsables de Hacienda. Esta regla fija que ninguna administración puede gastar más allá de crecimiento de la economía española a medio plazo. Este indicador, que lo revisa anualmente el Ministerio de Economía, está fijado en la actualidad en el 1,8%, lo que significa que el gasto no puede crecer más allá de esa cifra, aunque se haya cumplido el objetivo de déficit. La aplicación estricta de esta regla impide a consistorios saneados (más de dos tercios del total) elevar su gasto por encima de esa cifra. En segundo lugar modificar la norma que fija el techo de gasto, el límite que marca Hacienda para diseñar los presupuestos municipales. La FEMP quería que se fijaran sobre las necesidades futuras y no sobre lo presupuestado el ejercicio anterior.

Ni una ni otra. Hacienda rechazó ambas peticiones y lo que propuso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fue la elaboración de un dictamen sobre la “capacidad” que puedan tener las corporaciones locales para modificar la regla de gasto dentro de lo que permite la “gobernanza europea”, la ley de Estabilidad que se aplica en España. “Lo que estamos planteando al Gobierno es que tenemos vocación de cumplir los objetivos europeos, pero no de superar los objetivos y aportar recursos para que lo gasten otras administraciones. Nosotros superávit, el resto déficit. Estamos pidiendo que se nos permita lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria y queremos recuperar los 5.000 millones que hemos aportado”, remarcó enfadado Caballero.

Esa propuesta, que será discutida en una próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), deberá estar siempre dentro de los límites de la normativa europea sobre déficit, deuda y regla de gasto. Los municipios no cumplieron el último punto el pasado ejercicio, pese a lo cual lograron superávit.
Conscientes del inmovilismo de Hacienda en materia presupuestaria, donde cuenta con la vigilancia de la Comisión Europea, algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, optó directamente por saltarse la regla para poder gastar el excedente presupuestario y no tener superávit este año. Eso les permitirá disponer de 100 millones para inversión. “El Ayuntamiento de Barcelona considera que tiene una situación muy saneada por lo que no tiene sentido esta política de austeridad”, remarcan fuentes municipales.

Madrid, otro gran ayuntamiento con saldo positivo, no ha ido tan lejos y ha optado por exprimir al máximo la figura de las inversiones financieramente sostenibles, la alternativa propuesta con Hacienda. Se trata de un conjunto de proyectos, al que se puede destinar parte de superávit con una serie de condiciones: el proyecto debe tener una vida útil mínima de cinco años, debe ejecutarse en el ejercicio presupuestario en vigor y no puede destinarse a la compra de bienes o vehículos, excepto en el caso de que se dedique a transporte público. Madrid dedicará 266 millones este año frente a los 45,9 de 2015. La partida más importante se dedicará a la compra de 200 autobuses por 64,6 millones.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, pactó con el comisario Pierre Moscovici, el pasado fin de semana en Washington (en los aledaños de la cumbre del FMI), una nueva prórroga para ajustar el déficit público español, según fuentes comunitarias y de La Moncloa. La decisión al más alto nivel no está tomada, a la espera de las cifras definitivas y de resolver el vacío político en Madrid. Pero habrá un año más, y Bruselas abre la puerta incluso a un segundo año en función de las próximas previsiones de primavera, que se conocerán en mayo y reflejarán la desaceleración global que augura el FMI. Bruselas concede así algo de aire a España, pero a cambio reforzará la tutela fiscal por el déficit excesivo y puede abrir un expediente sancionador.

El Gobierno ha anunciado un ajuste de 2.000 millones, ha hecho un ejercicio de realismo ?”al fin?” con la rebaja de sus previsiones ante la desaceleración global que se avecina, y busca la manera de poner en vereda el gasto autonómico sin provocar una refriega con las comunidades. En paralelo, Bruselas espera los datos definitivos de déficit de Eurostat y la llegada del Plan de Estabilidad para hacer números y tomar una decisión. Una alta fuente europea explicó ayer que el análisis técnico y la negociación están muy avanzados, pero el debate político al más alto nivel no ha empezado.

Fuentes europeas apuntan que reducir el agujero fiscal del 5% a menos del 3% en un año “sería un enorme desafío para cualquier economía, incluso en mitad de un boom”. En España no hay, ni mucho menos, un boom. Está lejos de su nivel de PIB precrisis y extremadamente lejos de los niveles de paro precrisis. Y el robusto crecimiento de 2015 ?”por encima del 3%?” se deshincha: Guindos anunció en Washington que el alza del PIB se desacelerará al 2,7% en 2016 y al 2,4% en 2017.

El número de accidentes laborales en 2015 fue de 449.223, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a la registrada en 2014, cuando ya subieron un 5% hasta alcanzar los 424.625, acumulando dos ejercicios consecutivos de subidas. Podría vincularse el aumento de los accidentes al crecimiento del empleo. Sin embargo, si se tiene en cuenta la tasa de incidencia (accidentes o siniestros cada 100.000 empleados) la cifra ha aumentado de manera constante desde 2012 a 2015, pasando de 2.949 accidentes por cada 100.000 empleados (era la cifra más baja de la última década) a 3.190, lo que representa un incremento del 8,2%. Respecto al año anterior, esta tasa ha crecido un 2,5%.

Los datos aparecen en un estudio elaborado por la consultora Randstad, elaborado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra el próximo 28 de abril, y que analiza los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la última década. Pone de manifiesto que este indicador señala que en 2007, la siniestralidad laboral en España alcanzó la cifra más alta de la última década, superando los 924.000 accidentes. Desde ese año, este indicador descendió durante seis años consecutivos, hasta 2013. Respecto a 2006, primer dato analizado, el número de accidentes en jornada se ha reducido un 50,7%.

Durante el último año, todos los sectores han aumentado el número de accidentes, pero se aprecian diferencias significativas entre ellos. El sector agrario es el que mayor incremento ha experimentado respecto a 2014, con un aumento del 6,6%. Le siguen industria (+5,1%), construcción (+4,1%) y servicios (+1,1%).

Los cuatro bancos que operan en internet con marca propia en España duplicaron sus ganancias en 2015 por segundo año consecutivo y obtuvieron un beneficio neto de 264 millones de euros. Esas cuatro entidades -Allfunds, Bancopopular-e, Openbank y Unoe- cerraron el pasado ejercicio con unos beneficios conjuntos de 264 millones de euros, un 100 % más que los 131,44 millones conseguidos en 2014, según los estados financieros publicados esta semana por la Asociación Española de Banca (AEB).

De estas cuatro entidades, la que registró un mayor incremento en su beneficio fue Openbank, del Grupo Santander, que pasó de ganar 4,44 millones de euros por sus operaciones en 2014 a 69 millones en 2015.
Bancopopular-e elevó sus ganancias en un 79,8 % y rozó los 100 millones en 2015, 99,6 millones, lo que la convierte en la entidad que más dinero ganó.

Allfunds, especializado en análisis, selección y distribución de fondos de inversión, también logró consolidar su situación con un aumento de sus beneficios cercano al 49 %, hasta los 68,9 millones de euros. En último lugar, Unoe, del Grupo BBVA, apenas consiguió un millón más que durante el ejercicio anterior, lo que representa un ascenso del 4,8 %, hasta los 26,5 millones de euros.

En concreto, en 2008 la renta por habitante era de 24.274 euros, un 4,1% por debajo de los 23.290 euros de 2015, el último año para el que elabora datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese mismo periodo, marcado por la caída de la producción y el aumento de paro, la población total española apenas ha crecido un 1%. Este indicador es útil para conocer la evolución de la calidad de vida de un país, aunque presenta dos desventajas: es sólo una media, por lo que no muestra las desigualdades entre los distintos ciudadanos, y no refleja tampoco las diferencias autonómicas.

Esas diferencias son importantísimas. El desglose de las cifras del INE arroja dos Españas muy diferenciadas. En un lado, 12 regiones han sufrido pérdidas en la renta por habitante más altas que la media y en todos los casos superiores a los 1.000 euros. En el otro, 7 autonomías han sufrido mermas de su renta inferiores a la media nacional. Aunque nadie se salva de los números rojos.

En el ranking de perdedores, Melilla es líder, con 2.373 euros menos por habitante. A continuación se sitúan Cantabria, con 2.003 euros, y el Principado de Asturias, con 1.661 euros. Le siguen Navarra (1.446 euros), Murcia (1.425 euros), Ceuta (1.366 euros), Andalucía (1.362 euros), Castilla La-Mancha (1.343 euros), Islas Baleares (1.323 euros), la Comunidad Valenciana (1.292 euros), Canarias (1.286 euros) y Aragón (1.098 euros).

Las caídas del petróleo pasan factura a los futuros de las bolsas europeas en una jornada que ha comenzado con un correctivo al Nikkei. El Ibex podría perder los 8.800 puntos, con CaixaBank en el punto de mira por su opa sobre BPI y con el resurgir de las presiones bajistas en valores como Repsol. La remontada de la renta variable desde mediados de febrero ha ido en paralelo al rebote en el precio del petróleo.

A su vez, estas subidas se habían producido al calor del acuerdo que había permitido la celebración de una cumbre, en Doha, que contaba con la participación de países tanto pertenecientes como ajenos a la OPEP. Las últimas semanas habían reforzado las subidas en el precio del petróleo, con el barril de Brent consolidado por encima de la barrera de los 40 dólares, lejos de los 27 dólares que registró en febrero. Pero las diferencias en el seno de la OPEP, y sobre todo entre Arabia Saudí e Irán, han impedido un acuerdo para congelar la producción. El mercado continuará con un exceso de oferta, y la reacción de los inversores no se hace esperar.

Tras el fiasco en la cumbre de Doha, el petróleo sufre caídas de hasta el 6%. El barril de Brent baja por momentos de los 41 dólares, y el West Texas, de referencia en EEUU, se desinfla hasta los 38 dólares. El resurgir de las alertas bajistas en el precio del petróleo devuelve los números rojos a la Bolsa española. El Ibex, después de acelerar su escalada al 5% durante la semana pasada, podría perder hoy los 8.800 puntos.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, llevará el martes al Congreso una nueva senda de reducción del déficit público para cumplir con los objetivos de Bruselas, así como un calendario de reformas para España y un cuadro macroeconómico más realista, que muestra una rebaja en el crecimiento del PIB español. De Guindos comparecerá por la mañana en la Comisión de Economía de la Cámara Baja a petición propia y de todos los grupos parlamentarios con el fin de presentar el Plan de Estabilidad Presupuestaria 2016-2019 y el Programa Nacional de Reformas 2016, que debe enviar a Bruselas antes de finales de abril.

El ministro en funciones detallará las medidas de ajuste presupuestario que debe adoptar España después de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) ante el riesgo de incumplir con el objetivo de déficit en 2016. Desvelará un nuevo calendario de objetivos de déficit para los próximos años y lo hará después de anunciar ayer en la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial la necesidad de una proyección más realista de las previsiones españolas ante la debilidad de la economía global.

Y es que el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado recientemente que la consolidación fiscal debe ir ligada al crecimiento del empleo neto y ha abogado por flexibilizar la meta de déficit del 2,8 % del PIB marcada para 2016.

En los primeros tres trimestres de 2015, realizó 395.374 controles y en 160.702 casos consideró que era fraudulenta la incapacidad temporal. En 2014 retiró la prestación a 230.796 trabajadores tras 592.190 comprobaciones. La Seguridad Social tiene establecidos controles permanentes sobre las prestaciones de incapacidad temporal, que suponen un gasto anual de más de 5.000 millones de euros. Y para este ejercicio se han presupuestado 5.400 millones, un 9,2% más que en 2015. El Gobierno aprobó un real decreto que modificó la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días, por el cual se reforzaba el papel de las mutuas en el seguimiento del trabajador en baja.

Aunque la última palabra la sigue teniendo el médico de la Seguridad Social, las mutuas pueden solicitar al trabajador que pase para un reconocimiento y proponer el alta del trabajador, que en última instancia decidirá la inspección de la Seguridad Social. Además, ahora se aplica un nuevo sistema de avisos donde se incluye la duración estimada de la baja en función de un baremo según la patología. Hay cuatro partes de baja: muy corta (menos de 5 días naturales en el que el alta se incluye en el mismo documento); corta, de 5 a 30 días: media, de 31 a 61 días; y larga si el trabajador va a estar de baja más de 61 días.

Cada mes se inician alrededor de 330.000 procesos de baja por enfermedad común, es decir, sin incluir accidentes de trabajo o contingencias profesionales. Eso significa que la incidencia es de 22 por cada 1.000 trabajadores, según los últimos datos publicados en enero pasado. La crisis -por el miedo a perder el empleo- ha reducido la incidencia de las bajas laborales, pues en 2007 se situaba en 30 trabajadores por cada 1.000. No obstante, con la recuperación ha repuntado ligeramente la incidencia (en 2014 llegó a estar en 18,7 por cada 1.000 empleados).

En todo caso, desde hace años, la Seguridad Social viene incrementando los controles sobre la incapacidad temporal, que en 2012 llegaron a superar las 736.500 comprobaciones. Entonces se anuló el 44% de las bajas inspeccionadas, bajando al 38% en 2014 y quedando en el 40% en 2015, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo remitido por el Ministerio de Empleo al Congreso de los Diputados. Los controles de IT han ido disminuyendo a medida que los inspectores médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social tienen acceso completo a las historias clínicas.

La CEOE ha alertado hoy de que el desequilibrio fiscal de España “está en el punto de mira” de las autoridades europeas y señala que el desvío del objetivo de déficit público de 2015 hasta el 5% del PIB debe ser motivo de “preocupación”. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han alertado este lunes de que España ha “invertido” el ajuste estructural logrado en los últimos años debido a que ha frenado los esfuerzos de consolidación, por lo que ha reiterado su llamada al Gobierno para que emprenda medidas “adicionales” para reducir el déficit.

“Los avances necesarios en la consolidación fiscal se han detenido, con lo que parte del ajuste estructural conseguido en los años anteriores ha sido invertido”, según el comunicado difundido por las instituciones tras la misión de supervisión postprograma que concluyeron la semana pasada en Madrid. Expertos del Ejecutivo comunitario, del BCE y del fondo de rescate europeo (MEdE) viajaron a España del 11 al 13 de abril para observar la situación del sector financiero y de la economía española. El próximo examen se realizará en otoño de este año.

La misión ha constatado que el sector financiero ha logrado una mayor estabilidad gracias a las reformas estructurales del pasado y a la recapitalización de los bancos, pero advierte de que “sigue habiendo retos significativos” que exigen “esfuerzos de consolidación adicionales”. El objetivo de las medidas adicionales debe ser asegurar una reducción “duradera” del déficit público, añade el comunicado de las instituciones, que recalcan que es “fundamental” que se den esfuerzos de reforma “importantes”, de cara a equilibrar la economía.

En este sentido, Bruselas y el BCE señalan que el Gobierno se ha desviado “por un gran margen” del objetivo de déficit del 4,2 % comprometido con la UE para 2015, alcanzando una cifra (5 %) que sitúa el déficit español “entre los más altos” de la Eurozona.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha tenido tiempo para emitir su informe sobre el Programa de Estabilidad fiscal de 2016 a 2019. El Gobierno remitió el cuadro con las nuevas previsiones macroeconómicas el 8 de abril. Pero no ha enviado más documentación, según denuncia el organismo, que denuncia que así no puede hacer su trabajo porque le falta información.

Fuentes de Hacienda aseguran que el cuadro de previsiones se remitió antes, concretamente el 31 de marzo. El 2 de abril remitieron las medidas que tenían que adoptar las comunidades autónomas. Y añaden que el 12 de este mismo mes se remitió más información sobre las previsiones macroeconómicas. El informe con la evaluación del Programa de Estabilidad que el Gobierno presentará mañana martes en el Congreso de los Diputados debía estar listo el pasado 15 de abril, apunta la nota del organismo. El programa debe contar con ese informe y también tiene que señalar si lo avala o no.

“La AIReF no puede evaluar los resultados y la consistencia interna del escenario macroeconómico enviado al no disponer de la política fiscal subyacente. Sin un mínimo detalle de la composición de los ingresos y los gastos, no es posible evaluar la influencia del sector público en la actividad económica española”, critica el órgano independiente.

“Para poder realizar este trabajo en los plazos marcados por la ley, la AIReF debe disponer, con suficiente antelación, del texto del proyecto del Programa de Estabilidad, que irá acompañado de las correspondientes previsiones presupuestarias a medio plazo”, explica la Autoridad Fiscal. El pasado 8 de abril recibió un borrador del escenario macroeconómico que acompañaría el programa, pero no hubo más información. Por esto, “la AIReF no puede emitir los citados informes en el plazo legalmente establecido.

La AIReF y el Ministerio de Hacienda, departamento del Ejecutivo al que está adscrito pese a ser independiente, mantienen un historial de desencuentros, pese a la corta vida del organismo supervisor de fiabilidad de las cuentas públicas. En noviembre pasado, se supo que la AIReF había recurrido ante la Audiencia Nacional una orden de Hacienda en la que regulaba la forma en la que puede acceder a los datos de las diferentes administraciones.

Flexibilizar la regla de gasto era el objetivo de municipios y Ayuntamientos en la pasada reunión con los responsables de Hacienda. Esta regla fija que ninguna administración puede gastar más allá de crecimiento de la economía española a medio plazo. Este indicador, que lo revisa anualmente el Ministerio de Economía, está fijado en la actualidad en el 1,8%, lo que significa que el gasto no puede crecer más allá de esa cifra, aunque se haya cumplido el objetivo de déficit. La aplicación estricta de esta regla impide a consistorios saneados (más de dos tercios del total) elevar su gasto por encima de esa cifra. En segundo lugar modificar la norma que fija el techo de gasto, el límite que marca Hacienda para diseñar los presupuestos municipales. La FEMP quería que se fijaran sobre las necesidades futuras y no sobre lo presupuestado el ejercicio anterior.

Ni una ni otra. Hacienda rechazó ambas peticiones y lo que propuso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fue la elaboración de un dictamen sobre la “capacidad” que puedan tener las corporaciones locales para modificar la regla de gasto dentro de lo que permite la “gobernanza europea”, la ley de Estabilidad que se aplica en España. “Lo que estamos planteando al Gobierno es que tenemos vocación de cumplir los objetivos europeos, pero no de superar los objetivos y aportar recursos para que lo gasten otras administraciones. Nosotros superávit, el resto déficit. Estamos pidiendo que se nos permita lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria y queremos recuperar los 5.000 millones que hemos aportado”, remarcó enfadado Caballero.

Esa propuesta, que será discutida en una próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), deberá estar siempre dentro de los límites de la normativa europea sobre déficit, deuda y regla de gasto. Los municipios no cumplieron el último punto el pasado ejercicio, pese a lo cual lograron superávit.
Conscientes del inmovilismo de Hacienda en materia presupuestaria, donde cuenta con la vigilancia de la Comisión Europea, algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, optó directamente por saltarse la regla para poder gastar el excedente presupuestario y no tener superávit este año. Eso les permitirá disponer de 100 millones para inversión. “El Ayuntamiento de Barcelona considera que tiene una situación muy saneada por lo que no tiene sentido esta política de austeridad”, remarcan fuentes municipales.

Madrid, otro gran ayuntamiento con saldo positivo, no ha ido tan lejos y ha optado por exprimir al máximo la figura de las inversiones financieramente sostenibles, la alternativa propuesta con Hacienda. Se trata de un conjunto de proyectos, al que se puede destinar parte de superávit con una serie de condiciones: el proyecto debe tener una vida útil mínima de cinco años, debe ejecutarse en el ejercicio presupuestario en vigor y no puede destinarse a la compra de bienes o vehículos, excepto en el caso de que se dedique a transporte público. Madrid dedicará 266 millones este año frente a los 45,9 de 2015. La partida más importante se dedicará a la compra de 200 autobuses por 64,6 millones.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, pactó con el comisario Pierre Moscovici, el pasado fin de semana en Washington (en los aledaños de la cumbre del FMI), una nueva prórroga para ajustar el déficit público español, según fuentes comunitarias y de La Moncloa. La decisión al más alto nivel no está tomada, a la espera de las cifras definitivas y de resolver el vacío político en Madrid. Pero habrá un año más, y Bruselas abre la puerta incluso a un segundo año en función de las próximas previsiones de primavera, que se conocerán en mayo y reflejarán la desaceleración global que augura el FMI. Bruselas concede así algo de aire a España, pero a cambio reforzará la tutela fiscal por el déficit excesivo y puede abrir un expediente sancionador.

El Gobierno ha anunciado un ajuste de 2.000 millones, ha hecho un ejercicio de realismo ?”al fin?” con la rebaja de sus previsiones ante la desaceleración global que se avecina, y busca la manera de poner en vereda el gasto autonómico sin provocar una refriega con las comunidades. En paralelo, Bruselas espera los datos definitivos de déficit de Eurostat y la llegada del Plan de Estabilidad para hacer números y tomar una decisión. Una alta fuente europea explicó ayer que el análisis técnico y la negociación están muy avanzados, pero el debate político al más alto nivel no ha empezado.

Fuentes europeas apuntan que reducir el agujero fiscal del 5% a menos del 3% en un año “sería un enorme desafío para cualquier economía, incluso en mitad de un boom”. En España no hay, ni mucho menos, un boom. Está lejos de su nivel de PIB precrisis y extremadamente lejos de los niveles de paro precrisis. Y el robusto crecimiento de 2015 ?”por encima del 3%?” se deshincha: Guindos anunció en Washington que el alza del PIB se desacelerará al 2,7% en 2016 y al 2,4% en 2017.

El número de accidentes laborales en 2015 fue de 449.223, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a la registrada en 2014, cuando ya subieron un 5% hasta alcanzar los 424.625, acumulando dos ejercicios consecutivos de subidas. Podría vincularse el aumento de los accidentes al crecimiento del empleo. Sin embargo, si se tiene en cuenta la tasa de incidencia (accidentes o siniestros cada 100.000 empleados) la cifra ha aumentado de manera constante desde 2012 a 2015, pasando de 2.949 accidentes por cada 100.000 empleados (era la cifra más baja de la última década) a 3.190, lo que representa un incremento del 8,2%. Respecto al año anterior, esta tasa ha crecido un 2,5%.

Los datos aparecen en un estudio elaborado por la consultora Randstad, elaborado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra el próximo 28 de abril, y que analiza los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la última década. Pone de manifiesto que este indicador señala que en 2007, la siniestralidad laboral en España alcanzó la cifra más alta de la última década, superando los 924.000 accidentes. Desde ese año, este indicador descendió durante seis años consecutivos, hasta 2013. Respecto a 2006, primer dato analizado, el número de accidentes en jornada se ha reducido un 50,7%.

Durante el último año, todos los sectores han aumentado el número de accidentes, pero se aprecian diferencias significativas entre ellos. El sector agrario es el que mayor incremento ha experimentado respecto a 2014, con un aumento del 6,6%. Le siguen industria (+5,1%), construcción (+4,1%) y servicios (+1,1%).